Tenemos que hacer lo posible para que sea cual sea la decisión del Congreso (sobre si se ratifica o no el Acuerdo de Escazú) no se pueda manipular o malinterpretar la disposición. Esa decisión será la que los demócratas tengamos que respetar. Estoy segura de que sabrán tomar una resolución en función del mejor interés del país.

Así lo sostuvo la exministra del Ambiente, Fabiola Muñoz Dodero, ante la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el congresista Gilmer Trujillo Zegarra (FP), en la sesión virtual en la que participó para sustentar sobre el impacto que tendrá la firma o no de la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Parlamento peruano.

Dijo que es una actuación acertada por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores haber invitado a diferentes sectores e informarse bien para adoptar una decisión.

Sostuvo que la firma del referido acuerdo no afectará la soberanía del país, porque no es un tratado sobre territorios, como lo señala el propio Ministerio de Justicia.

Dijo que lo que se trata de hacer es actuar con total transparencia. Asimismo, indicó que una de las preguntas que se tiene es qué va a pasar con la información reservada o clave, pero es necesario señalar que el acuerdo solo está destinado, de manera exclusiva, al tema ambiental.

Explicó que en el caso de que existiera información ambiental y reservada prevalece la legislación nacional en forma soberana, cuestión que no se discute, porque se respeta lo que determina el país.

De otro lado, señaló que otro aspecto importante es el fortalecimiento de los mecanismos de participación que mayor involucración de los actores.

Afirmó que el referido acuerdo no ha sido hecho para que ninguna ONG, persona o país en forma particular, con la finalidad de que atente o afecte la soberanía de un país.

“El Acuerdo de Escazú no debe ser mal utilizado y en eso coincidimos todos”, dijo al tiempo de señalar que nada debe quedar sin aclaración. Indicó que para ello debe prepublicarse los acuerdos con el fin de que cualquiera pueda manifestarse.

También, dijo guardar respeto por la inversión privada y que no se debe pensar que abrir los mecanismos de participación será negativo.

SAN MARTÍN

De otro lado, el gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas, se manifestó en contra de la ratificación del Acuerdo de Escazú, porque dijo que el Perú no requiere de instrumentos ambientales y jurídicos internacionales, porque tiene los propios.

Refirió que nuestro país cuenta con un Tribunal de Fiscalización Ambiental, con jueces y fiscales especializados y un plan nacional de justicia para personas con vulnerabilidad.

“Si tenemos todos esos instrumentos para qué requerir otros, además se daría cuotas de poder a las ONG y cada vez que quisiéramos desarrollar obras que necesita la población, los ambientalistas van a querer impedirlas por supuestas justicias”, afirmó.

PRENSA-CONGRESO