El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, una cuestión previa para que el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6331/2023-CR, que propone modificar el Decreto Legislativo 774, Ley del Impuesto a la Renta, retorne a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera para un estudio más detallado.

La cuestión previa fue planteada por el congresista Guido Bellido (PP) y obtuvo 64 votos a favor, 27 en contra y ninguna abstención.

El dictamen planteaba ampliar los gastos deducibles de las rentas de cuarta y quinta categorías, incluyendo los pagos por capacitación personal del contribuyente, así como los gastos en educación de hijos menores de edad y mayores de edad hasta los 22 años, siempre que estén acreditados. Solo el 50 % de estos gastos sería deducible.

Asimismo, se incluía como deducción el 30 % del gasto en alimentos, debidamente sustentado con boletas de venta electrónica.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Economía, congresista Ilich López Ureña (AP), defendió la iniciativa argumentando que busca incentivar la formalización en un país donde más del 70 % de la actividad económica se realiza en la informalidad.

«La deducción va a generar dinamismo en la economía y mayor liquidez en las familias”, afirmó.

Sin embargo, el congresista Guido Bellido sostuvo que la propuesta podría afectar la capacidad fiscal del Estado.

“Este proyecto desmantela al Estado. El impuesto es una muestra de solidaridad que fortalece la economía común para atender las necesidades públicas”, señaló al sustentar su solicitud para que el proyecto regrese a comisión.

Durante el debate, otros congresistas expresaron sus posturas. Rosangella Barbarán (FP) destacó la necesidad de apoyar al trabajador formal.

“Vivimos en un país con casi 70 % de informalidad, y los beneficios nunca alcanzan al trabajador formal”, indicó, subrayando que los gastos en educación para capacitación personal deberían ser deducibles.

Por su parte, la congresista Ruth Luque (BDP) expresó observaciones sobre el alcance amplio de las deducciones propuestas, particularmente en salud y alimentos, señalando que podrían generar una menor recaudación sin criterios claros.

Finalmente, el congresista Américo Gonza (PL) advirtió que el propio Ministerio de Economía y Finanzas ha calificado la propuesta como regresiva. “Este proyecto beneficia principalmente al 20 % de la población con mayores ingresos y podría perjudicar las finanzas públicas”, remarcó.

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