Con 72 votos a favor y 10 abstenciones, el Pleno del Congreso decidió retornar el predictamen recaído en los proyectos 1182/2016-CR, 1878/2017-CR y 5075/2020-CR a las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, así como a Justicia y Derechos Humanos.

La norma evaluada sintetiza los proyectos mencionados que tienen el mismo objetivo: buscar la inhabilitación permanente de los funcionarios que hayan sido sancionados o condenados para que no puedan retornan a ocupar cargo alguno en la administración pública.

El legislador Isaías Pineda Santos (Frepap) se refirió a la norma en debate, afirmando que el perjuicio cometido por quienes delinquen en la administración pública es irreparable para la población.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios señala que en el 2019 ingresaron 13 444 denuncias por corrupción y, según la Contraloría, el 2019 se perdió más de 23 mil millones por corrupción, a través de sobrevaloración, pagos injustificados, entre otros. Lo que representa un promedio del 15 % del presupuesto y alrededor del 3 % del PBI del país, cuando hoy necesitamos invertir en salud, educación, agro, transporte, que son sectores que reclaman la atención del Estado.

Marco Verde (APP) se refirió a la situación de corrupción que se da en todo nivel de gobierno, lo que origina que hasta el momento existan alcaldes y gobernadores regionales que continúan en el cargo, pese que han tenido sentencia en primera instancia. «Siguen manejando recursos del Estado, siguen gobernando, lamentablemente», afirmó.

Carlina Lizárraga (Partido Morado) sostuvo que la creación de un registro de condenados es una función que no le compete a la Contraloría, pues esto no está asignado dentro de sus atribuciones ni en su Ley Orgánica. «La información sobre registros y faltas corresponde únicamente al Poder Judicial, y la parte administrativa le concierne a Servir». Recordó y manifestó que el Decreto Legislativo 1295 dispuso incluir en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Públicos –a cargo de la PCM– a las personas con sentencia condenatoria y ejecutoriada con diversos delitos contra la administración pública, además que las direcciones de Recursos Humanos de cada entidad tienen la obligación de actualizar dichos servicios. Mientras que el Poder Judicial tiene la obligación de remitir información a estos servicios. Asimismo, recordó ya existen normativas contra la materia, por lo que hay que evitar que se genere duplicidad, afirmó.

El legislador Carlos Almerí Veramendi pidió que la norma en debate vuelva a ser remitida a la Comisión de Trabajo con cargo también a la opinión de la Comisión de Justicia, donde debería ser de todas maneras estudiada.

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