El primer vicepresidente del congreso, Mario Mantilla Medina, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y diversas autoridades policiales con el propósito de analizar estrategias y acciones concretas en materia legislativa que hagan más efectivas las medidas de protección hacia las víctimas de violencia familiar. 

Al respecto, el congresista de Fuerza Popular manifestó que si bien existe una ley al respecto, no se está actuando con efectividad. “Todo está normado, pero algo está fallando”. Refirió, por ejemplo, que el Ministerio Público se ve afectado por el tema de la carga procesal y el retardo en los procesos. 

El legislador sugirió entablar medidas más eficaces para que la Policía pueda actuar inmediatamente. Sostuvo que cuando ocurre una denuncia, muchas veces el agresor no toma conocimiento. Por ello, propuso una modificación legislativa que en primera instancia ponga a disposición del Poder Judicial Público al agresor, lo cual servirá como una medida disuasiva. “Se deben corregir algunos aspectos y debemos mejorar el sistema de atención y protección a las víctimas de agresión familiar”. 

Asimismo, durante la mesa de trabajo «Las medidas de protección frente a la violencia familiar», subrayó en la necesidad de actuar en la prevención desde el sector educación. Remarcó que el Estado debe asumir su rol de protección sobre todo en los menores de 0 a 7 años, que es la etapa formativa. Si vamos a dejar a los niños que crezcan en un ambiente de violencia, este mismo círculo continuará de adultos, añadió. 

Además, el parlamentario Mantilla Medina planteó la posibilidad de ajustar las normas para que los gobiernos locales y regionales cumplan con su función en esta materia. “Se debe evaluar como obligación que las municipalidades y gobiernos regionales implementen servicios para atender estos casos de violencia y sancionar su incumplimiento”. 

Durante la mesa de trabajo, el coronel Manuel Roncalla, jefe de la división de protección contra la violencia familiar, refirió que existen 8 comisarías en Lima para atender casos de violencia familiar y 29 en todo el Perú. A su vez, informó que a la fecha hay 722 medidas de protección hacia la mujer, víctimas de violencia familiar. “Se debe incidir en una educación de igualdad de género desde los colegios para acabar con la violencia intrafamiliar”, acotó. 

Por su parte, Elvia Barrios Alvarado, Juez Suprema y presidenta de la primera sala de derecho constitucional y social transitoria de la Corte Suprema, señaló que existe un amplio marco normativo para atender estos casos. Sin embargo, no hay una efectiva atención al respecto, pues existe una excesiva carga procesal. Detalló que se han recibido más de 245 mil solicitudes de medidas de protección en el 2017.

Entre otros aspectos de esta problemática detalló el escaso personal especializado para atender a las víctimas, como psicólogos y asistentes sociales; órganos judiciales insuficientes, falta de conexión entre la Policía y el Poder Judicial, falta de sensibilización y conocimiento del problema de violencia de género. 

En tanto, Nancy Tolentino, representante del ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, manifestó que el Perú cuenta con el mejor marco normativo de la región sobre el tema, pero lo que falta es articular acciones a largo plazo. Sobre este punto, Patricia Sarmiento, de la Defensoría del Pueblo recordó que está pendiente la implementación de una base de datos única entre los centros de salud, las comisarías y los órganos competentes, para hacer un seguimiento a los casos de violencia familiar.(WHS)

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PRENSA-CONGRESO   18-6-18

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