Luego de un amplio debate y solicitud de la legisladora Rosa María Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, se envió a un cuarto intermedio el proyecto de ley 1403 que proponía modificar la Ley 28970 (Ley de Registro de Deudores Alimentarios Morosos) para establecer restricciones temporales en la obtención o renovación de licencias de conducir y pasaporte.

El nuevo artículo – que se incorporaría a la Ley 28970- propone un mecanismo de colaboración entre la banca y la Sunat para el cobro de la deuda alimentaria. Se establecen restricciones laborales a los morosos para desincentivar, a través de restricciones, la imposibilidad de desempeñar funciones públicas cuando no den cuenta de sus deudas judiciales.

Esther Saavedra, de Fuerza Popular, sostuvo que el interés del niño debe anteponerse a los derechos del padre y fortalecer el Registro de deudores alimentarios ejerciendo presión ante el padre o madre irresponsables.

Lucio Ávila (Cambio 21), aclaró que las restricciones propuestas son de orden temporal y no aplicarían si alguna de estas restricciones fuera única fuente de trabajo.

Luz Salgado advirtió la posibilidad de que en lugar de hacer un bien, no se vaya a lograr el efecto contrario, quién acreditaría que es la única fuente de trabajo, preguntó.

Por su parte, la legisladora Tania Pariona, recordó que restringir el derecho a la alimentación a un hijo es una forma de violencia patrimonial. Si se pusiera restricciones a la fuente de trabajo, cómo se afrontará la responsabilidad de pasar una pensión alimentaria, reflexionó, sobre todo teniendo en cuenta los altos niveles de desempleo.

Ello no excluye el fin supremo del interés superior del niño, se debe fortalecer el registro de pensionistas morosos.

Alejandra Aramayo opinó por la aprobación del proyecto y sugirió que en todas las normas de contrataciones del Estado deba revisarse antes este registro.

El legislador Javier Velasquez Quesquén sostuvo que el proyecto en cuestión tiene buena fe, pero que hay que evaluar el costo y beneficio del mismo; si queremos padres responsables necesitamos más que una labor punitiva.

Con la propuesta se honraría la tramitología. Cómo va a cumplir un padre si no trabaja, explicó. “Hagamos una norma preventiva, poner restricciones y demostrar su situación laboral ante un burócrata (notario) desvirtúa el buen propósito de la iniciativa”, dijo.

Por su parte, el legislador Mario Mantilla opinó que por no ajustar más al deudor alimentario, se incentivaría a que en corto plazo ingrese a una prisión preventiva.

Teleféricos para Choquequirao

También se envió a uncuarto intermedio la propuesta que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción e implementación del sistema de teleféricos o telecabinas sobre el Cañón de Apurímac para el acceso al parque arqueológico nacional Choquequirao, ubicado en los departamentos de Cusco y Apurímac, de conformidad con la ley 29899 y los parámetros patrimoniales aplicables a la zona.

La propuesta sustentada por el legislador Dalmiro Palomino, presidente de la comisión de Cultura, suscitó un amplio debate entre los legisladores que representan a las regiones de Apurímac y Cusco, ya que el sitio arqueológico de Choquequirao está ubicado en la región Cusco pero tiene acceso por las regiones Apurímac y el Cusco mismo.

Wilbert Rozas sostuvo a nombre que su bancada no aprobará aquellos proyectos que incluyan a zonas en conflicto y que un proyecto como este no puede ser planteado de manera unilateral, podría generar controversias, advirtió.

Nelly Cuadros, autora de uno de los proyectos con similar, hizo notar que se estaba debatiendo el proyecto “a sus espaldas, cuando no estaba presente y sin haber sido convocada para su sustentación”. Hagamos transparente el debate, dijo y pidió que el tema entre en un cuarto intermedio.

 el pedido de reconsideración de la votación planteado por el congresista Víctor García Belaunde que aprobó el 3 de abril un nuevo texto sustitutorio de los proyectos de ley 142 y 2581 que amplía la vigencia del Régimen Especial de Jubilación para Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones. La norma plantea un nuevo texto sustitutorio.

Salud mental

De otro lado, quedó expedito el proyecto de ley de salud mental para ser promulgado por el Poder Ejecutivo. La ley fue sancionada por unanimidad en las comisiones de Salud y Descentralización. Logró, 95 votos a favor, cero en contra y una abstención y exonerada de segunda votación.

El vicepresidente de la Comisión de Salud, Dalmiro Palomino (FP), manifestó que el dictamen fue elaborado sobre la base de diez propuestas legislativas planteadas por congresistas de las diferentes bancadas, a fin de lograr un texto consensuado.

Subrayó que el proyecto es de gran importancia debido a la situación de descuido en que se encuentra la salud mental en el Perú, en donde no se identifica con claridad una política pública integral relacionada con este flagelo social.

“Se citan los altos índices estadísticos de violencia perpetrada por los delincuentes comunes, también en la familia, en los centros educativos y en toda clase de relaciones sociales, pero nunca se ha tratado este fenómeno en forma científica y profesional. Es necesario que el Estado responda de forma estructural y contundente a este problema social”, expresó.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Descentralización, Mártires Lizana (FP), dijo que la situación en el país es apremiante por lo que tiene que solucionarse los problemas mentales que se evidencian con la violencia. 

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PRENSA-CONGRESO   10-04-19

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