En la sala Grau de Palacio Legislativo, la Comisión de Constitución y Reglamento realizó, esta mañana, una mesa de trabajo con el fin de recibir aportes de los representantes del sistema de administración de justicia del país y de expertos respecto al Proyecto de Ley 14224/2025-MP que propone una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

La reunión fue dirigida por el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, quien estuvo acompañado del fiscal de la nación, Tomás Gálvez; el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Juan Olivera; y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola, entre otros.

En su intervención, Rospigliosi Capurro señaló la necesidad de modernizar la Ley Orgánica del Ministerio Público, que data de 1981.

Destacó la presencia de los representantes de instituciones “que luchan contra la criminalidad todos los días, cada uno en su ámbito y que no solo conocen estos temas por la teoría, sino por la práctica”.

Manifestó que una de las conclusiones de la mesa de trabajo es la de afinar la relación entre la Policía Nacional y la Fiscalía, “que es un elemento fundamental para ganarle la guerra al delito”.

En el debate, el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, indicó que uno de los principales motivos de la reforma se centra en el artículo 5 del Decreto Legislativo 052, que establece que los fiscales son independientes autónomos en el ejercicio de sus funciones, las mismas que la ejercerán conforme a su propio criterio.

Gálvez explicó que la independencia en el ejercicio de las atribuciones conforme al propio criterio los ha llevado a una actuación prácticamente desarticulada entre los despachos fiscales.
Por ello, el proyecto de ley busca que la investigación y actuación de los fiscales se rija conforme a los protocolos y lineamientos institucionales. “La utilización del criterio propio ha llevado que tengamos procesos largos entre 8 y 10 años”, agregó.

La iniciativa, además, busca que los fiscales supremos se encarguen de las investigaciones de los funcionarios aforados, darle un nuevo enfoque a la orientación de las investigaciones hacia el lado patrimonial, la aplicación de principios en cada una de las actuaciones fiscales, entre otras modificaciones.

Desde el lado de la Defensoría del Pueblo, la adjunta encargada de Asuntos Constitucionales, Silvana Escudero, señaló que la propuesta normativa resulta viable, pues permite fortalecer la labor de la investigación fiscal en un escenario marcado por la creciente criminalidad, promoviendo que exista una actuación fiscal más eficiente.

Por su parte, el abogado penalista y miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, Arsenio Oré, resaltó la propuesta de darle la responsabilidad a los jueces supremos sobre las investigaciones a los funcionarios aforados, pero bajo un marco constitucional.

Mientras que el especialista en Derecho Constitucional, Víctor López, propuso incluir los principios de orientación a la víctima que prioriza y vela por los intereses de los agraviados y el de Responsabilidad, el cual exige que los fiscales puedan rendir cuentas ante algunas conductas arbitrarias o injustificadamente erróneas.

También participaron diversos representantes de los ministerios de Justicia y del Interior, de la Fiscalía de la Nación, especialistas en Derecho Penal y Constitucional, así como miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL