La Comisión de Educación que preside la congresista Paloma Noceda  Chiang (FP), aprobó por mayoría el lunes 6 un informe del grupo de trabajo encargado de evaluar la problemática de la Educación Básica. 

La coordinadora del grupo de trabajo, parlamentaria Karina Beteta Rubín (FP), dio a conocer sobre los procedimientos de trabajo realizado en relación a este tema educativo, así como las conclusiones y recomendaciones. 

“Durante las últimas gestiones en el sector Educación se dieron una serie de normas y decretos que han y vienen vulnerando los derechos de miles de ex directores de educación y profesores contratados. Se ha afectado el derecho de directivos nombrados en las Instituciones Educativas a la permanencia en sus cargos en tanto no sean sometidos a una evaluación de desempeño según las normas para este caso”, manifestó la coordinadora  de ese grupo de trabajo. 

De igual forma, informó sobre la situación de docentes interinos quienes obtuvieron sus títulos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Magisterial, no debieron ser evaluados, sino, por el contrario, incorporados en vía de regularización,  a un mejor nivel en la carrera pública del profesorado. 

“Este proceso fue una decisión arbitraria de los funcionarios del sector, debido a que tales docentes ya habían obtenido el derecho a que su nombramiento sea definitivo desde el mismo momento en que el ministerio de Educación  registró los títulos profesionales en educación”, refirió la legisladora Karina Beteta. 

Luego de la exposición y sustentación de dicho informe, los parlamentarios Javier Velásquez Quesquén (PAP), Edgar Ochoa Pezo (NP), Edilberto Curro López (FA), y Tamara Arimborgo Guerra (FP), coincidieron en señalar y cuestionar los procedimientos establecidos por el Minedu para estos casos y que los miles de afectados entre ex directores y ex profesores deberían ser repuestos al sector Educación. 

“Este hecho a todas luces en un abuso del Mineduso y lo paradójico es que muchos docentes nombrados interinos titulados que fueron despedidos, a los que el ministerio de Educación ha denigrado como incompetentes, han sido nuevamente designados como profesores de aula, en la condición de contratados. No solo eso ocurrió, también perdieron sus plazas de origen y han sido enviados a otras regiones muy distantes de sus familiares y entorno”, manifestó el legislador Velásquez Quesquén. 

DE igual forma, la congresista Gloria Montenegro Figueroa (APP), Julio Rosas Huaranga (APP),   Edmundo Del Águila Herrera (AP), dieron a conocer sus puntos de vista sobre el informe en mención y consideraron que el sector Educación debería tener un presupuesto más adecuado para superar las brechas en diversos ámbitos en materia de educación. 

“Estamos de acuerdo en mejorar la educación en el país, pero esto es un proceso que irá de menos a más. En relación a lo dado a conocer, hay un informe en minoría que también se debe dar a conocer para tener una opinión más integral sobre esta problemática”, consideró el parlamentario Del Águila Herrera. 

Al término del informe y votación, la Comisión recomendó preparar una iniciativa legislativa constitutiva de derechos de carácter restitutoria de derechos a los docentes interinos que han obtenido su título profesional, en tanto el Poder Ejecutivo no habría dado muestras de rectificar la afectación de derechos mencionados.

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

En esa misma línea de trabajo, la Comisión de Educación aprobó por unanimidad, el informe dado a conocer por el congresista Joaquín Dipas Huamán (FP), coordinador del grupo de trabajo sobre Institutos y Escuelas de Educación Superior y CETPRO. 

Sobre este caso, el parlamentario Dipas Huamán dio a conocer de las diversas acciones administrativas y de gestión realizadas durante su trabajo así como la supervisión a diversos centros de educación superior para tomar conocimiento de forma directa sobre su funcionamiento y administración educativa. 

“La educación superior y el aprendizaje permanente contribuyen de manera significativa a promover el interés de las personas, las empresas, la sociedad y el estado, en el crecimiento económico con empleo digno, la erradicación de la pobreza y la inclusión social. Sin embargo, hay deficiencia en la información de parte de las autoridades que nos preocupa, pero igual pudimos desarrollar nuestra labor”, manifestó el parlamentario Joaquín Dipás. 

Sobre este tema, parlamentarios de diversas bancadas dieron a conocer sus puntos de vista y aportes sobre el informe realizado y consideraron la necesidad de mantenerse vigilante para mejorar la problemática educativa del Perú y que los centros  e institutos superiores jueguen su rol como tal, para mejorar la calidad educativa y social de miles de jóvenes del país. (FAA). 

PRENSA – CONGRESO 6-11-2017  

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