La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, bajo la presidencia del congresista Alex Paredes Gonzales (bancada Somos Perú), aprobó dictámenes dirigidos a regular los gastos del Estado en la defensa de servidores públicos investigados por delitos funcionales y la optimización de los plazos del procedimiento de negociación colectiva.

En el primer caso, el dictamen recomienda la aprobación de los proyectos de ley 3069-2022-CR y 11357-2024-CR que, con texto sustitutorio, plantea que el Estado reembolse los gastos de defensa legal a servidores civiles que al final del proceso no se les declare responsables administrativa, civil o penalmente.

El contenido esencial del derecho a la defensa y presunción de inocencia no se ven afectados porque el Estado no impide ni obstaculiza su ejercicio, sino que se regula el reembolso de los gastos de defensa a servidores cuyos procesos no terminen en sentencia condenatoria, señala la iniciativa.

Con ello, añade, la propuesta, se reduce el riesgo de financiar defensas de personas culpables o con responsabilidad funcional y se desalienta el abuso del cargo público evitando el gasto anticipado y generalizado por parte del Estado, priorizando el principio de eficiencia y responsabilidad fiscal.

En la sustentación del dictamen, la comisión resaltó que, conforme a la información de la Defensoría del Pueblo, a noviembre de 2025, de los 6.503 casos de corrupción registrados por dicha entidad, los principales delitos fueron peculado y negociación incompatible.

“No se está eliminando el derecho del servidor civil de que el Estado solvente con dinero público su defensa y asesoría legal, sino que se está difiriendo dicho beneficio al término o al archivamiento de las denuncias, investigaciones y procesos en los que sea comprendido. Hasta entonces, deberá asumir con sus recursos y propio peculio dicha defensa legal”, remarca la iniciativa.

Puesta a votación, el dictamen recibió cuatro votos a favor y dos abstenciones.

En otro, momento, el grupo congresal aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 13888/2025-CR, que, con texto sustitutorio, plantea modificar la Ley 31188, Ley de Negociación Colectiva, a fin de optimizar los plazos del procedimiento de negociación colectiva.

La finalidad de la propuesta es garantizar el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la negociación colectiva, evitando que los plazos legales se conviertan en un obstáculo para acuerdos reales y sostenibles, asegurando que el trato directo, la conciliación y el arbitraje, cuenten con plazos razonables, efectivos, garantizando la vigencia económica de los acuerdos y el principio de previsión presupuestal.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad (11 votos a favor).

Asimismo, la comisión aprobó el dictamen recaído que recomienda la no aprobación y el envío al archivo del Proyecto de Ley 5014/2022-CR, que regula la promoción interna de ascenso, cambio de grupo ocupacional y reconversión para el personal profesional técnico auxiliar de EsSalud.

El argumento central es que la reconversión automática de plazas de los servidores de EsSalud no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, ya que no cuenta con la autorización previa de la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas ni presenta estudios actuariales que sustenten la disponibilidad de recursos para asumir los mayores costos laborales derivados del cambio de remuneración.

Asimismo, vulnera el principio de separación de poderes, debido a que interviene en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, cuya rectoría corresponde al Poder Ejecutivo a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

En otro momento, la comisión escuchó la sustentación del Proyecto de Ley 13853/2025-CR, que plantea modificar el artículo 45 de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, para diferenciar las funciones instructoras y sancionadoras en el procedimiento administrativo sancionador laboral a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), garantizando su celeridad y eficacia, a cargo de su autora congresista Heidy Juárez Calle.

Asimismo, la congresista Nelcy Heidinger Ballesteros (bancada APP) explicó los alcances del Proyecto de Ley 13766/2025-CR (de su autoría), que regula la dotación de uniforme laboral en los sectores público y privado, garantizando una remuneración suficiente del trabajador y promueve la reactivación de las MYPE del sector textil y confecciones.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL