La Comisión de Mujer y Familia, presidida por la legisladora Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), aprobó por unanimidad, el dictamen del PL 1368/2021-CR, que plantea la contratación laboral, en el sector privado, de mujeres víctimas de violencia.

La propuesta apunta a beneficiar a la mujer que es o haya sido víctima de cualquier forma de violencia y que no cuente con un empleo dependiente formal remunerado.

La condición de víctima de violencia se acredita con la información que obra en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) o en el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, conforme lo establece la Ley 31153 (Ley que promueve la inserción laboral de las mujeres víctimas de toda forma de violencia en los programas que ejecutan las entidades de la administración Pública).

EDUCACION SEXUAL

De otro lado, la comisión aprobó por mayoría el dictamen del PL 7579/2023-CR que reconoce el derecho de los padres de familia a elegir la educación sexual que reciben sus hijos.

La legisladora Milagros Jáuregui de Aguayo, autora de la iniciativa, explicó que el propósito es garantizar el derecho fundamental de las familias a decidir sobre la educación sexual que recibirán sus hijos, en virtud al derecho de libertad de conciencia y el derecho de las familias a decidir respecto a sus hijos, reconocidos en la Constitución vigente.

Los padres de familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo a sus convicciones, creencias y a su libertad de conciencia; pudiendo exonerar al educando de los cursos de educación sexual integral (ESI) modelo que el proyecto cuestiona.

La norma propone la posibilidad de exoneración de cursos sobre educación sexual integral que brindan las instituciones educativas en todos sus niveles y modalidades, respetan el derecho de los alumnos a exonerarse de los cursos que contengan educación sexual integral por motivos de conciencia, creencia o en razón de sus convicciones religiosas sin verse afectados en su promedio académico.

La legisladora Rosangella Barbarán Reyes (FP), manifestó su discrepancia con los términos de la propuesta porque deja a criterio y discreción de los padres la educación sexual de sus hijos, padres que muchas veces no son referentes de confianza por su cuestionada conducta.

Heidy Juárez Calle (Podemos Perú) mostró su preocupación por la poca o nula información que se brinda a los adolescentes en los colegios de educación pública. En Piura he comprobado que en teoría todos los colegios deben contar con un psicólogo, pero esto no se ajusta a la realidad y las asociaciones de padres de familia pagan a sus propios profesionales de la psicología.

El alto índice de embarazos adolescentes es por la poca o nula información sexual que reciben, dijo Juárez Calle.

FONDOS CONCURSABLES

Durante la sesión, también se aprobó el dictamen del PL7808/2023 CR que propone la creación del Fondo Concursable de Ayuda a la Niñez Desamparada, dirigido a apoyar iniciativas privadas en favor de los niños desprotegidos, los rescatados de las calles, aquellos que reciben tratamiento por problemas de consumo de drogas y las víctimas de prostitución infantil o explotación laboral.

La finalidad es brindar recursos a instituciones privadas que se dediquen al cuidado de menores de edad, que cuenten con recursos insuficientes para financiar el cuidado de los menores de edad.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL