Con la finalidad de continuar con la lucha frontal contra la corrupción en el Estado que es compromiso del Parlamento en funciones y fortalecer la confianza ciudadana en el gobierno, el Pleno del Congreso debatió este viernes 21 la iniciativa legislativa que propone facultar a la Contraloría General de la República para el control, fiscalización y sanción respecto de la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos.

El congresista Edgar Alarcón Tejada (UPP), presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, fue el encargado de sustentar el dictamen respecto del PL 5428 presentado por la bancada Somos Perú a iniciativa del congresista Guillermo Aliga Pajares.

“El dictamen tiene por efecto derogar el DU 020-2019 que establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de interese ante la Presidencia del Consejo de Ministros”, dijo el legislador.

Subrayó que la propuesta legislativa busca fortalecer una cultura de transparencia, promoción de la ética pública y sobre todo la prevención de la corrupción en la gestión del Estado a través del acceso a la información que tenemos accediendo a las declaraciones juradas de interés y a la obligatoriedad de su presentación por parte de un conjunto de funcionarios que ejercen cargos públicos o ejercen el poder en la adopción de importantes políticas públicas, acciones en la administración pública y sobre todo en el manejo de considerables recursos públicos.

El texto sustitutorio propone derogar el citado dispositivo legal y que la presentación de la declaración jurada de intereses sea ahora ante la Contraloría General de la República entidad fiscalizadora superior considerando que conforme el artículo 82 de la Constitución Política y su ley orgánica esa entidad goza de autonomía y supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto de Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las autoridades funcionarios y servidores públicos.

“El dictamen establece que la Declaración Jurada de Intereses es un documento de carácter público cuya presentación constituye requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública”, agregó Alarcón Tejada.

Entre los obligados a su presentación se encuentran desde el presidente de la República, los congresistas, los ministros de Estado y los demás altos funcionarios del Estado como los secretarios generales, asesores, funcionarios consejeros y/o consultores cuya retribución económica se financia con el fondo de apoyo gerencial u otros fondos similares; así como aquellos que provengan de la cooperación técnica y financiera en todos los niveles del gobierno y entidades del Estado sujetas a control gubernamental.

De igual modo también están obligados a presentar el documento los gobernadores y vicegobernadores, alcaldes, oficiales, generales y almirantes de las FFAA y PNP en actividad; asimismo el presidente y miembros de directorio de las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, rectores y vicerectores, decanos de las facultades de las universidades públicas, entre otros.

También se contempla normas de carácter preventivo para el caso de los ciudadanos que postulen a cargos de elección popular o a una designación como los candidatos al Tribunal Constitucional a la Junta Nacional de Justicia, al contralor general de la República y vicecontralores, entre otros funcionarios.

En su intervención el vicepresidente del Congreso, Aliaga Pajares (SP), dijo que la propuesta busca reparar aquello que de muy buena intensión se trató de regular con el DU 020 -2019 para que las declaraciones juradas de intereses sean remitidas a una oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“El órgano constitucionalmente autónomo para cautelar el control -inclusive- los intereses de los funcionarios es la Contraloría General de la República según lo establece la Carta Magna. Si queremos llevar un real control, cruzar información y ver si existe conflicto de interés y haga cruce de información y pueda sancionar de manera preventiva o definitiva es la Contraloría el ente competente, porque que lleguen las declaraciones juradas de intereses a la PCM es simplemente para que las cautele”, dijo el legislador.

Antes de ir a la votación el congresista Alarcón Tejada solicitó un cuarto intermedio para incluir en el texto del dictamen las iniciativas legislativas.

Lima, 21 de agosto de 2020

PRENSA-CONGRESO