Una relación de propuestas que ha recomendado la Red Muqui para una actividad minera racional en el Perú se propuso en el foro “Balance de 15 años de minería en el Perú, 2003 – 2018”, evento organizado desde el despacho de la legisladora María Elena Foronda Farro (FA) y Muqui, Red de Propuesta y Acción, el miércoles 24.

            Muqui es una red de instituciones  civiles peruana que actúan en ámbitos locales, regionales, nacional e internacional, defendiendo y promoviendo el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos de comunidades y poblaciones, así como el desarrollo sostenible en situaciones en las que se pretende o realiza actividades mineras que tienen implicancias sociales, ambientales y culturales.

            En ella se señala la diversificación  productiva de la economía peruana,  superando la prioridad minera del modelo económico; priorización de alternativas autónomas  de desarrollo sostenible o de mejora de calidad de vida desde las regiones, respetando las decisiones de las comunidades y poblaciones sobre sus actividades económicas; la priorización de sus potenciales y usos de suelos para las comunidades, entre otras.

            Durante el foro se dijo que la minería peruana ha sido considerada como el sector eje que ha recibido apoyo incondicional de casi todos los gobiernos, desde el gobierno militar de Odría, en los años 50, hasta el presente.

            La política económica se ha concentrado más en el sector extractivo, actividad acompañada desde las ciudades por el comercio, servicios y construcción, banca y finanzas; pero como la oferta de empleo anual supera a 250 mil jóvenes que no encuentran trabajo, esta actividad se sigue desplazando hacia el sector informal.

            Juan Aste Daffós, especialista en temas ambientales y mineros, advirtió  que en el corto plazo, el menor aporte tributario de la minería y el mayor impacto ambiental y social sobre los pueblos indígenas han afectado a las poblaciones locales en su  disponibilidad del agua, soberanía y seguridad alimentaria.

             Asimismo, ha tenido efectos negativos en la salud de las personas y se ha propiciado  una política de mayor confrontación en los territorios. A ello se suma que  el gobierno está tentado a mantener, e incluso acentuar, la política de criminalización de las protestas.

            El Estado, dijo Aste, debe actuar como garante de derechos y ser muy exigente en el otorgamiento de concesiones, las que deben realizarse bajo consulta previa respecto al potencial impacto ambiental, económico y social que pudiera causar sobre las alternativas locales de desarrollo sostenible.  También debe aplicarse la consulta respecto a la evaluación de impacto ambiental para la exploración y explotación minera.

            Por otro lado, el Estado debe conservar las cabeceras de cuenca y la biodiversidad, así como proteger el ambiente, siendo estricto en la evaluación y aprobación de los instrumentos de gestión ambiental por el antecedente de niveles permisivos de  dióxido de azufre contaminantes.

            Otra de las tareas del  Estado, se dijo en el foro, es replantear la tributación actual eliminando las exoneraciones y las devoluciones de impuestos que en realidad actúan como subsidios al capital y son justificadas, de lo contrario el capital se va a otro distrito minero donde le den más ventajas que evidentemente no tienen nada que ver con la competitividad minera. (EPA)

PRENSA CONGRESO