La Comisión de la Mujer y Familia aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en los proyectos de ley 9190/2024-GR y 9964/2024-CR, que, con texto sustitutorio, propone la creación de la Ley de la Instancia Regional de Concertación (IRC) para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Esta propuesta legislativa busca otorgar jerarquía legal a aspectos fundamentales del funcionamiento de las IRC, tales como su carácter multisectorial, su integración mínima, sus funciones, principios de actuación y periodicidad. Con ello, se pretende consolidar la institucionalidad de estas instancias, superando la actual debilidad operativa, informalidad y escasa articulación, problemas que han sido documentados por la Defensoría del Pueblo y verificados por la Comisión de la Mujer y Familia en las audiencias públicas descentralizadas.

Adicionalmente, la norma refuerza el deber legal de los gobiernos regionales y locales de participar de manera activa y sostenida en las IRC, consolidando su responsabilidad como actores clave en la lucha contra la violencia de género. Asimismo, al establecer un marco uniforme de actuación a nivel nacional, se fomentará una mayor coherencia en la implementación territorial de las políticas públicas en esta materia, sin desestimar las particularidades regionales.

La propuesta también contribuirá significativamente a reducir las brechas entre el diseño normativo nacional y su implementación efectiva a nivel territorial, lo que constituye uno de los principales desafíos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Con su entrada en vigencia, se dotará al país de un marco normativo más sólido, articulado y sostenible, reafirmando el compromiso del Estado peruano con los derechos humanos y la equidad de género.

Al respecto, el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP) comentó sobre el literal K del artículo 2.2, que establece la integración de hasta tres representantes de asociaciones u ONGs involucradas en la lucha contra la violencia hacia la mujer y el grupo familiar del departamento correspondiente. Muñante expresó su preocupación, considerando que, dada la naturaleza de la ley y el perfil de los demás miembros de la instancia, no debería incluirse esta disposición para las organizaciones no gubernamentales (ONGs).

Por su parte, la congresista Magally Santisteban Súclupe (FP) destacó que esta propuesta permitirá abordar a nivel nacional la problemática de la violencia contra las mujeres, la cual sigue siendo un desafío latente y que involucra a muchas instituciones públicas. Subrayó la importancia de que cada instancia regional visibilice esta problemática y desarrolle políticas públicas ajustadas al ámbito local.

En este sentido, solicitó que el artículo 137, relativo a las acciones regionales, se alinee con las políticas públicas nacionales, garantizando que las acciones a nivel regional se complementen y promuevan un enfoque coherente en la lucha contra la violencia de género.

Finalmente, la Comisión de Mujer y Familia aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 10193/2024-CR, que, con texto sustitutorio, declara de interés nacional la implementación de un Centro de Acogida Residencial en el distrito de Lambrama, provincia de Abancay, en el departamento de Apurímac.

La congresista María Taipe Coronado (PL), autora de la propuesta, destacó que el objetivo de la iniciativa es resolver el problema de la falta de acogida residencial especializada. Asimismo, subrayó que es urgente la implementación de este centro, ya que cuenta con estudios favorables desde 2022.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL