Con el propósito de fortalecer el régimen democrático, la gobernabilidad y el Estado de Derecho, la Comisión de Constitución y Reglamento debatió, el martes 29, el dictamen de los proyectos de ley que propone incorporar el Consejo de Estado en la Carta Magna.

Se trata de los proyectos de ley 5029/2020-CR y 5133/2020-CR presentados por los congresistas Juan Carlos Oyola y Otto Guibovich (AP), respectivamente.

La sustentación del dictamen estuvo a cargo del congresista Omar Chehade Moya, presidente de dicha comisión, quien resaltó la importancia de que el Consejo de Estado no solo tenga “carácter excepcional” por ser un foro que fortalece la gobernabilidad del país, y que asegura un clima de estabilidad y cooperación política y promueve la competitividad democrática.

La propuesta establece que el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del presidente de la república en asuntos de interés nacional relacionados con políticas de Estado y manejo de crisis en situaciones de urgencia y regímenes de excepción, que afecten la vida de la nación. Su convocatoria materializa los principios de coordinación y cooperación entre poderes del Estado.

En su composición contempla como miembros permanentes al presidente de la república, al presidente del Poder Legislativo y al presidente del Poder Judicial; y como miembros funcionales al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente de la Junta Nacional de Justicia, al fiscal de la Nación, al defensor del Pueblo, al contralor General de la República, al presidente del Banco Central de Reserva, al superintendente de Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

El congresista Otto Guibovich Artega (AP), uno de los proponentes, dijo que sería conveniente que figure en la Constitución, no como una opción, sino como un mandato que reúne a los titulares de los poderes del Estado para tratar temas de política de Estado con miras a trascender el Gobierno de turno.

“Ese Consejo de Estado puede tener un rol fundamental, pero no como una opción”, puntualizó al tiempo de subrayar que “no rompe el equilibrio de poderes por el contrario evita la pugna de poderes”.

Resaltó que “esto ya viene funcionando de manera optativa y creo que debería ser parte fundamental de la Constitución y una vez reglamentado sea útil para los destinos de la nación”, concluyó.

A su turno, la congresista Martha Chávez Cossio (FP) opinó en contra de la propuesta legislativa porque el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del presidente de la república.

“No es viable, porque es un órgano del Poder Ejecutivo; sin embargo, se quiere disponer la asistencia obligatoria, entonces a los presidentes de dos poderes autónomos (Legislativo y Judicial) convertirlos en miembros permanentes de un órgano de la Presidencia de la República, para mí no tiene pies ni cabeza”, dijo la legisladora.

Con ello coincidió la congresista Carmen Omonte (APP) al margen de las buenas intenciones que tendrían los proyectos de ley en debate. “Sería no solamente oportuna, porque se estaría fortaleciendo un presidencialismo que vulneraria aún más la institucionalidad y la independencia de los poderes”, agregó.

Por su lado, el congresista Carlos Almerí (PP) opinó que “este proyecto de ley altera y vulnera lo que es el balance de poderes y es totalmente erróneo, jurídica y constitucionalmente, por ello, debería pasar al archivo”.

DECRETOS PENDIENTES

De otro lado, el congresista Omar Chehade pidió al congresista Gino Costa Santolalla, en su condición de coordinador del grupo de trabajo encargado de control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, dar prioridad a los informes correspondientes al DS N.° 014/2020, DS N.° 016/2020, DS N.° 020/2020 y al DL 1492 por tratarse de temas muy importantes y esperados por diversos gremios que representan un clamor popular.

En otro momento, fue aprobada la opinión consultiva sobre el procedimiento de control de los tratados internacionales ejecutivos, establecido por el artículo 92 del Reglamento del Congreso presentado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista Gilmer Trujillo Zegarra.

CONTROL CONSTITUCIONAL

Por no evidenciar transgresión constitucional, la Comisión de Constitución aprobó los informes sobre cinco dispositivos legales emitidos por el Gobierno.
Uno de ellos referido al DL 1459, por el que se optimiza la aplicación de la conversión automática de la pena para personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar, a fin de reducir el hacinamiento penitenciario y evitar contagios de COVID-19.

También el DL 1475, por el que se dispone la reactivación y promoción de la actividad artesanal a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Del mismo modo, el DU 028-2020, por el que se establecen medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la adquisición de pruebas de diagnóstico para la prevención y control de COVID-19.

Así también, el DU 043-2020, por el que se dictan medidas extraordinarias con la finalidad de adquirir bienes y servicios necesarios para el alojamiento en cuarentena y alimentación de las personas que deben desplazarse dentro del país a consecuencia de la declaración del estado de emergencia nacional por COVID-19.

Finalmente, el Tratado Internacional Ejecutivo 222. Acuerdo entre la República del Perú y la República Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera 2016 (aportaciones financieras-donaciones).

Chehade Moya observó que, excepto el DL 1475, los demás no cumplieron con lo señalado en el artículo 91 del Reglamento del Congreso en lo que respecta al plazo para dar cuenta de la norma emitida. Por lo tanto, se recomienda al Poder Ejecutivo poner la mayor diligencia para cumplir con su obligación constitucional de dar cuenta al Congreso de la República dentro del plazo establecido.

PRENSA-CONGRESO