El Pleno del Congreso aprobó, con 109 votos a favor y en segunda votación, el dictamen que promueve la colaboración de los gobiernos regionales y locales con la Policía Nacional del Perú (PNP) para fortalecer la seguridad ciudadana.

La presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, Ana Zegarra Saboya (SP), sustentó en el Pleno el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 8453/2023-CR.

Zegarra explicó que la propuesta permitirá a los gobiernos subnacionales invertir en infraestructura, bienes y servicios destinados a mejorar la capacidad operativa de las unidades policiales, sin necesidad de trámites engorrosos.

“Fomentar la colaboración entre los gobiernos regionales y locales en favor de la Policía Nacional del Perú para fortalecer la seguridad ciudadana es urgente. Actualmente, la Ley 29010 exige convenios con el Ministerio del Interior, pero esa exigencia burocrática ha impedido materializar la ayuda. Con esta propuesta, los acuerdos se celebrarán directamente con las regiones policiales”, señaló.

La parlamentaria de Somos Perú agregó que el equipamiento policial atraviesa una situación crítica. “Del total de camionetas, casi el 50% está inoperativo, y lo mismo ocurre con el 40% de las motocicletas. Urge facilitar la cooperación de los gobiernos subnacionales para mejorar la infraestructura y equipamiento de nuestra Policía Nacional”, advirtió.

El congresista Américo Gonza (PL), autor del proyecto, respaldó la medida y remarcó que la iniciativa simplificará la intervención de municipios y gobiernos regionales en apoyo a la PNP.

“Se trata de una iniciativa muy buena que evita recargas burocráticas. Ahora, las regiones podrán reparar patrulleros, mejorar comisarías o arreglar vehículos directamente, sin pasar por autorizaciones innecesarias. Esto va a contribuir de manera efectiva a enfrentar el principal problema actual: la inseguridad ciudadana”, puntualizó.

Es importante señalar que la norma establece -en su artículo 1- que los gobiernos regionales y locales podrán colaborar con la PNP mediante obras de infraestructura o la adquisición de bienes y servicios, salvo armas de fuego o municiones.

Asimismo, el artículo 4 obliga a que los convenios especifiquen el destino de los recursos, los responsables de su uso y las condiciones de devolución en caso de incumplimiento.

En cuanto a las disposiciones finales, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 30 días hábiles, mientras que el Ministerio del Interior tendrá 60 días para adecuar su normativa interna. Además, la norma deroga la Ley 29010, reemplazándola por un marco legal más ágil y articulado con las regiones policiales.

Con esta decisión, el Congreso busca consolidar la cooperación interinstitucional y dotar a la Policía Nacional de mayores recursos para enfrentar la creciente demanda ciudadana en materia de seguridad.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL