El Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la norma que incorpora a los profesores civiles de las instituciones de educación superior del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, en la carrera docente universitaria.

La iniciativa legislativa, aprobada con 114 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones, se sustenta en los Proyectos de Ley 374/2021, 1423/2021 y 4356/2022.

El titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, José Balcázar Zelada (PB), sostuvo que las observaciones del Ejecutivo carecen de relevancia, y por ello insisten en la fórmula aprobada, ya que “se trata de docentes que van a pasar a la ley universitaria de acuerdo a su jerarquía”.

Sin embargo, se aceptaron algunas de las cinco observaciones del Poder Ejecutivo y, al mismo, se mantiene “el texto originario de las otras disposiciones o artículos observados, de conformidad con el artículo 79-A del Reglamento del Congreso de la República”.

El dispositivo legal contienes cuatro artículos. El primer artículo incorpora la Disposición Complementaria Final Decimotercera en la Ley 30220, Ley Universitaria, en donde se establece que los docentes civiles de las instituciones de educación superior del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior se rigen por las normas de la carrera docente universitaria.

En el segundo artículo se modifica el artículo 10 del Decreto Legislativo 1318, Decreto Legislativo que regula la formación profesional de la Policía Nacional del Perú, para determinar que a los docentes civiles se le debe aplicar la Ley 30220, Ley Universitaria.

En el tercer artículo se establecen los requisitos y los plazos para el cambio de régimen laboral de los docentes civiles y el proceso de incorporación.

En el literal tercero de este artículo se mantiene el requisito de que los “docentes civiles nombrados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 que no cumplan con los requisitos regulados en la Ley 30220, Ley Universitaria, para incorporarse en la carrera docente universitaria tienen un plazo no mayor de tres años para hacerlo”.

El cuarto artículo precisa que lo dispuesto “se financia con cargo a los presupuestos institucionales del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior sin demandar recursos adicionales al tesoro público”.

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