La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Rosío Torres Salinas (APP), aprobó, por mayoría, el informe que declara procedente la Denuncia Constitucional (DC) 98 (antigua 448), contra el ex juez supremo titular Aldo Figueroa Navarro, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado.

La denuncia fue formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, y procede en palabras de Torres Salinas; además se pide solicitar a la Comisión Permanente que acuerde el plazo para la investigación y emisión del informe correspondiente.

Seguidamente, la titular del subgrupo dio cuenta de dos denuncias constitucionales.

La primera es la DC 75 (antigua 417), formulada por la fiscal de la Nación, contra el ex vocal supremo César Hinostroza Pariachi, por la presunta comisión de delitos tráfico de influencias agravado, negociación incompatible, y patrocinio ilegal.

La segunda es la DC 132, también formulada por la fiscal de la Nación, contra el expresidente de la República, Manuel Merino De Lama, el expresidente del Consejo de Ministros Antero Flores-Aráoz Esparza, el exministro del Interior Gastón César Rodríguez Limo, por la presunta comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y lesiones leves graves.

De conformidad con el segundo párrafo del inciso c) del artículo 89 del reglamento del Congreso, indicó Rosío Torres Salinas, la subcomisión tiene hasta diez días hábiles para emitir los informes de calificación que determinarán su admisibilidad y/o procedencia.

CADUCIDAD

Así también, los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobaron, por mayoría, dos informes de caducidad.

El primero es la DC 37 (antigua 353), formulada por la excongresista Rosa Bartra Barriga contra el expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso y el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse La Serna, por presunta infracción constitucional al artículo 39 de la Constitución.

El segundo es la DC 170 (antigua 123), formulada por el excongresista Marco Miyashiro Arashiro, contra el expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad del delito de usurpación de funciones.
Ambos informes concluyeron en que la prerrogativa del antejuicio ha caducado y, por ello, se archiva la denuncia.

Para ambos temas, el congresista Héctor Valer Pinto (SP) solicitó que la presidencia debe indagar los nombres de los miembros de la anterior mesa directiva de la subcomisión, con la finalidad de investigar los hechos por los cuales se llegó a esta conclusión.

OFICINA DE COMUNICACIONES