Ministra de Vivienda expuso iniciativa ante comisión respectiva del Congreso
Priorizarán viviendas urbano sostenibles para sectores más pobres
Centro de Noticias del Congreso
14 Jun 2021 | 15:48 h
La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández Huanqui, presentó, este lunes 14, el Proyecto de Ley N.° 7664/2020-PE, que propone la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.
Fue durante su participación en la sesión virtual de la Comisión de Vivienda y Construcción, que preside el legislador Juan Carlos Oyola Rodríguez (Acción Popular).
La iniciativa tiene como objetivo establecer principios, lineamientos, instrumentos y normas que en adelante regularán el acondicionamiento territorial y la planificación urbana, el uso de tierras y la gestión del suelo urbano con el objetivo de desarrollar proyectos de viviendas sociales urbano-sostenibles.
“Necesitamos enfocar el crecimiento para ir cambiando el patrón (de crecimiento informal), asegurando la seguridad de las familias. Hay muchos distritos a nivel nacional que no cuentan con un proyecto de planificación urbana en distintos territorios”, indicó.
El modelo de crecimiento urbano sin planificación que se generó de manera desordenada, sin servicios de agua, alcantarillado ni luz a la larga cuesta al país millones en subsidios, y a la población de 20 a 30 años antes de recibir esos benficios.
“Hoy más de tres millones de personas no acceden a una red de agua y alcantarillado, brecha que necesitaría 50 mil millones de soles para cubrir esta necesidad”, explicó.
Asimismo, la ministra afirmó que en las últimas décadas el desarrollo urbano fue informal en un 93 %. Ello ha asentado aún más las brechas de desigualdad urbana y vulnerabilidad. La iniciativa de ley presentada pretende ser un instrumento de gestión para atender en todo el país la demanda de viviendas, que es de 500 mil unidades.
Otro objetivo es incrementar la disponibilidad de suelo urbano para el desarrollo de viviendas de interés social. Además, se establece instrumentos de desarrollo obligatorio y prioritario que fijen tasas de impuesto predial diferenciado en terrenos estratégicos no urbanizados o aún no edificados.
La propuesta también establece la creación del Operador Público de Suelo que sería una empresa estatal de derecho privado que tenga como objetivo realizar gestión eficiente de los terrenos de propiedad del Estado para que estos a su vez sean destinados a viviendas de interés social con un enfoque inclusivo.
Del mismo modo, Fernández Huanqui sostuvo que la proyectada norma contempla la creación de la vivienda de interés social de tipo prioritario que se destinará a los sectores más pobres de nuestra población para satisfacer las necesidades de vivienda digna.
AUTORIZAN EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE
Por unanimidad, la Comisión de Vivienda y Construcción aprobó el Proyecto de Ley que autoriza la expropiación del inmueble ubicado al sur de la ciudad de Ica, a la altura del km 335 de la carretera Panamericana Sur y a unos 1500 m al oeste de ella, ocupado por el centro poblado de Ocucaje, en el distrito de Ocucaje, provincia y departamento de Ica. El área de dicho inmueble es de 812 551,00 m2.
De acuerdo con lo que señala el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, la razón que justifica la expropiación es la sentencia del Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional del distrito judicial de Lima, que confirmada por la resolución quince de fecha 23 de diciembre de 2012, expedida por la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ordena a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la que será el sujeto activo del proceso de expropiación.
Dicha norma establece, como parte del procedimiento, el abono a Viña Ocucaje S. A. como indemnización justipreciada por la propiedad del bien. El proyecto de ley propone la regulación de la valorización del predio materia de expropiación y la forma en que se pagará la indemnización justipreciada.
En la Comisión de Vivienda y Construcción se aprobó, también por unanimidad, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 4241/2018-CR, que propone una Ley que establece la obligatoriedad en el otorgamiento de licencias de la zona de retiro en las edificaciones, presentado por el grupo parlamentario Acción Popular.
OFICINA DE COMUNICACIONES