Alrededor de 850 jóvenes de Pisco y  de la región Ica podrán continuar sus estudios de producción agropecuaria, computación, informática, enfermería y otras carreras en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Pisco.

            La aprobación por unanimidad del proyecto de ley garantizará esta decisión que fue respaldada por la Comisión de Educación el lunes 20. La iniciativa declara de necesidad pública la expropiación de inmueble para el funcionamiento  de dicho centro de estudios.

            En la sesión participaron el alcalde de Pisco, Juan Mendoza Uribe, y la directora del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Pisco, quienes llegaron a la capital para defender el derecho de los estudiantes a continuar estudiando en su alma mater que tiene más de 32 años formando profesionales.

            “Pisco va a celebrar los dos primeros bicentenarios del Perú. El 21 de octubre se cumple 200 años de creación de la primera bandera. El mejor regalo es la aprobación de este proyecto que hemos presentado”, dijo el burgomaestre.

            Por su parte, la directora del centro de estudios informó que la situación actual en la que se encuentra el instituto impide que pueda recibir donaciones del extranjero, por lo tanto, subrayó que “es una necesidad para los alumnos” sanear la propiedad.

            La congresista Milagros Salazar de la Torre, presidenta de la comisión dictaminadora, dijo que se trata de un inmueble de dominio privado donde funciona el instituto y que lo que se busca  es que se pueda asegurar su funcionamiento y garantizar la educación de los jóvenes de Pisco y alrededores. “La expropiación sería únicamente para uso del instituto y no para otros fines”, subrayó.

            En el debate participaron los congresistas Alberto Oliva, Betty Ananculí y Javier Velásquez Quesquén, quienes coincidieron en que la propuesta es de suma importancia para la formación de los jóvenes de esa zona del país.

INSTITUTO EN PACHACÚTEC

       Sin mayor debate, también fue aprobada, por unanimidad, la insistencia recaída en la autógrafa observada por el Ejecutivo que propone la Ley que declara de necesidad e interés nacional la construcción e implementación de un Instituto Tecnológico Público en Pachacútec,  Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

PENDIENTE DE VOTACIÓN

            En la sesión también se debatió el dictamen de los proyectos de ley 1947/2017-CR, 4002/2018-CR y 4032/2018-CR que proponen, con texto sustitutorio, la Ley que modifica los artículos 16 y 18 e incorpora el Capítulo de Régimen Económico de la Ley 26549, de los Centros Educativos Privados.

            Al respecto, uno de los autores, el congresista Edilberto Curro dijo que -entre otros aspectos- se busca beneficiar a los docentes que perciben remuneraciones ínfimas. “Tenemos 26 mil 715 locales de educación privada. 73% perciben remuneraciones de entre 250 y 400 soles y el 43% son instituciones pequeñas que no pasan de 100 alumnos”, subrayó el legislador, preocupación que fue compartida por su colega Carlos Domínguez.

            Sobre el tema en debate, la congresista Milagros Salazar opinó que alrededor de 15 mil docentes están en el sector privado ganando sueldos miserables. Otro aspecto a considerar– dijo la legisladora- será la entrega de materiales educativos de manera progresiva y no toda la lista al inicio del año escolar.

            En tanto, la congresista Tamar Arimborgo observó que existe un alto porcentaje de morosidad en el pago de pensiones. “Los que no pagan son subsidiados por los que puntualmente cumplen con sus aportaciones por el servicio prestado y esta situación afecta las planillas”, dijo la legisladora.

            “Cuál es sustento técnico para bajar de 100 UIT a 10 UIT las sanciones. ¿Por qué se tendría que bajar la multa?”, preguntó, por su parte, el congresista Edwin Vergara respecto de otro acápite del texto del dictamen.

            A su turno, el legislador Javier Velásquez Quesquén opinó que era inconstitucional que en los colegios privados se pague cuota de ingreso. 

Agotado el debate, la propuesta quedó pendiente para ser votada en una próxima sesión.

PRENSA CONGRESO