La Comisión Permanente del Congreso, con la conducción del presidente Luis Galarreta Velarde, aprobó esta mañana, por mayoría y en primera votación, el proyecto de ley que declara de necesidad y utilidad pública la adjudicación del terreno denominado Cuartel «Teniente Miguel Cortes» ubicado en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana, a favor de la Municipalidad Provincial de Sullana.

El predio será destinado para el proyecto «Construcción del Mega Mercado Municipal de Sullana», informó el presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, Víctor Albrecht (FP), quien sustentó el dictamen respectivo.

La iniciativa , aprobada por 19 votos y tuvo seis abstenciones, en su artículo 2 también obliga a la municipalidad provincial de Sullana a elaborar el Plan de Desarrollo Urbano de Sullana y el Plan de Desarrollo Concertado en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Durante el debate, el parlamentario Freddy Sarmiento (FP) lamentó que el citado cuartel, de propiedad del Ejercito del Perú, obstruya las principales vías de comunicación de la ciudad de Sullana, y la divide con el distrito de Bellavista.

“Es un proyecto esperado por 15 años. El lugar actualmente está tugurizado, no se puede caminar porque hay cuellos de botella de tránsito”, detalló Sarmiento

Agregó que Sullana, la segunda ciudad de Piura, no puede seguir siendo un pueblo joven, por lo que, al aprobarse el citado dictamen, contribuirá a su ordenamiento urbano y mejorar las condiciones de vida de los casi 300 mil habitantes de esa provincia.

Similar opinión compartieron los parlamentarios Mártires Lizana (FP) y Marisa Glave (NP), quienes destacaron la obligación de que se elabore un Plan de Desarrollo Urbano de Sullana.

NO A LLAMADAS ‘SPAM’

De otro lado, la Comisión Permanente dejó en cuarto intermedio el proyecto de ley que propone modificar el artículo 58 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para fortalecer la protección del consumidor ante las llamadas telefónicas denominadas spam.

Sustentó la propuesta el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Miguel Castro (FP), quien dijo que la iniciativa es necesaria porque ese tipo de llamadas, en diferentes horarios, afecta la tranquilidad de los consumidores generándole incluso estrés.

“Ese tipo de llamadas repercute en nuestra tranquilidad, afectando nuestro derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre y con la familia, afectando la salud puesto que genera molestia, fastidio e irritabilidad y llegando en algunos casos al stress”, explicó el parlamentario.

Castro Grández dijo que el Código de Protección y Defensa del Consumidor regular y prohíbe los métodos comerciales agresivos, pero no precisa una restricción y limitación en lo referente al horario en que se pueden realizar esas llamadas promocionales de bienes o servicios. En ese sentido, indicó que el dictamen cubre ese vacío normativo.

Según el texto sustitutorio, que en el cuarto intermedio será consensuado para ser votado, se prohíbe “realizar llamadas telefónicas con fines comerciales y/o publicitarios, sin contar con el consentimiento expreso del consumidor, antes de las 08.00 horas y después de las 20.00 horas de lunes a viernes, así como en cualquier horario los días sábados, domingos, feriados y los decretados no laborables para el sector público o privado”.

La iniciativa propone modificar también el artículo 61º sobre el procedimiento de cobranza.

OBRAS DE INFRAESTRUCURA PRIORIZADAS

          De igual forma quedó en un cuarto intermedio, a solicitud de los congresistas Percy Alcalá y Gilmer Trujillo, el dictamen del proyecto de ley que propone regular la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructuras priorizadas. Percy Alcalá Mateo (FP), vicepresidente de la Comisión de Economía,  sustentó el dictamen en mayoría con una fórmula sustitutoria.

          Señaló  que en la actualidad existe demora en la entrega de bienes inmuebles necesarios para ejecutar las obras de infraestructura, que generan  retraso en la ejecución de los proyectos y los beneficios de dichos proyectos no pueden ser tangibles en favor de la población y existe la necesidad de tomar una decisión para este caso, manifestó el parlamentario Alcalá Mateo.

         En tanto, Marisa Glave sustentó un dictamen en minoría y señaló que existirían problemas estructurales en dicho proyecto. “Este proyecto y la del Poder Ejecutivo están pensados para promover y favorecer a las empresas grandes, vía APP y obras por impuestos.

          Refirió que ProInversión debería ceñirse a su rol como tal. Propuso tener en cuenta al Sistema Nacional de Bienes Estatales a fin de ordenar y simplificar los bienes del estado para un uso más adecuado.

           Solicitó se tenga en cuenta el derecho a la consulta previa de las comunidades del país, a la que se sumó su colega María Foronda Farro (NP)

           El congresista Gilmer Trujillo Zegarra, presidente de la Comisión de Descentralización, también dio a conocer las propuestas y aportes al proyecto proponiendo un texto de consenso entre las comisiones de  Economía y Descentralización.

           A su turno, el congresista Gilbert Violeta López (PPK),  respaldó el proyecto en mención y señaló que las inversiones privadas son necesarias para el desarrollo del país. De igual forma, el congresista Rolando Reátegui Flores (FP), planteó incorporar  la creación de unidades ejecutoras que permitan acelerar los procesos en la ejecución de proyectos.

           El parlamentario Víctor García Belaunde (AP), propueso que se mejore los mecanismos de control para este caso y tener en cuenta el rol de las comunidades que en la actualidad poseerían inmensos terrenos que pertenecen al Estado. Señaló que se debería tener en cuenta a la Sunarp y cuestionó el pago de defensa para ex funcionarios por parte del Estado. Sugirió cambios para su aprobación.

            La congresista Lourdes Alcorta Suero (FP), también se refirió al rol y límites de las comunidades en el país. A su turno la congresista Gloria Montenegro Figueroa (APP), y Marco Arana Zegarra (FA), solicitaron que en este proceso no se sacrifique a los que menos tienen.

            El legislador Alberto Quintanilla Chacón (NP), sustentó otro dictamen en minoría donde señala que se tenga en cuenta a las comunidades del país y a los pobladores no contactados. Se refirióo a la falta de planificación en los casos de la modalidad de Obras por Impuestos y las APP.

            “Se debe excluir a las comunidades  nativas y pueblos originarios en este proceso hasta que se viabilice la consulta previa, solicitamos que esto sea visto por la Comisión de Pueblos Andinos”, concluyó.

PRENSA-CONGRESO