El abuso sexual en niños y adolescentes en espacio público y privado se ha constituido en un problema social grave y extendido en el país. Deja un daño integral crónico en la víctima que requiere ser prevenido, atendido y generar procesos de recuperación.

Así lo señaló el representante del Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Carlos Jibaja Zárate, en la sesión que realizó la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales de Menores de Edad en Organizaciones, con la presidencia de la congresista Gloria Montenegro, en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Poder Legislativo.

El especialista dijo también que es imprescindible tener en cuenta la  Guía de Valoración de Daño Psíquico en Víctimas adultas de Violencia Familiar, Sexual, Tortura y otras formas de Violencia Intencional. Subrayó que es una necesidad contar con un instrumento que valore el grado de daño psicológico encontrado.

Manifestó que hay diversas consideraciones y factores cuando el abuso sexual de un adulto se comete en contra de un grupo de adolescentes. Pidió tener presente el contexto en que se dio, la edad de la víctima, el tipo de relación con el abusador, la frecuencia, el hecho violento en sí, el entorno socio-cultural, la personalidad previa al hecho y los recursos psicológicos de la víctima.     

Jibaja explicó que la Guía destaca la relevancia del daño psicológico, daño a la integridad física y mental desde el punto de vista de las evidencias físicas y el daño moral. Precisó que la pérdida de una vida, la reacción física del cuerpo de una víctima ante golpes es observable directamente el daño psicológico.

“La violencia intencional sobre una víctima rompe la articulación de complejos procesos cognitivos, emocionales y conductuales. Se producen fracturas psicológicas generan un padecimiento interno que se expresa en síntomas y problemas de relación interpersonales. Por ello es destacable la incorporación del daño psicológico en el Código Penal”, expresó.

Urgió la necesidad para complementar puntos importantes en la Guía a fin de que se utilice de manera constante y uniforme a nivel nacional. Anotó que por ejemplo el Instituto Médico Legal del Ministerio de Salud cuenta con un número de profesionales muy por debajo de la actual demanda de evaluaciones, hay una carga excesiva.

Dijo que es imprescindible capacitar al personal en torno al contenido de la Guía de Valoración de Víctimas Adultas de Violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional; también dejar de lado el temor a no contar con el respaldo del Ministerio Público al realizar las pericias psicológicas; contar con un equipo móvil a fin de monitorear los informes emitidos por los profesionales que cumplan con un estándar.

   También disertaron en la sesión la psicóloga Juana Luis Lloret (CAPS) y la directora general del Centro de Desarrollo y Asesoría Psicosocial (CEDAPP), María Emilia Filomeno.

Los congresistas Juan Carlo Yuyes y Gilmer Trujillo (FP) destacaron las exposiciones de los especialistas y coincidieron en señalar que una de las formas de luchar contra la violencia es con los instrumentos psicológicos, pero además con la unión de todos los ciudadanos sobre la base de hogares familiares, porque el núcleo familiar es uno de los factores principales para vencer la violencia en la sociedad. (JON)

PRENSA-CONGRESO-10-7-18

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