Presidente del Congreso : “Obstruccionismo argumentado por el ejecutivo no existió»
Centro de Noticias del Congreso
10 Ene 2020 | 16:16 h
Pedro Olaechea Álvarez-Calderón expuso un Informe de Hechos ante el Pleno del Tribunal Constitucional en el que demostró que el supuesto “obstruccionismo” al Ejecutivo nunca existió
El presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, sustentó hoy miércoles 4 de diciembre, en audiencia pública convocada por el Tribunal Constitucional, la Acción Competencial que presentó el 29 de octubre último, y en el que la misma entidad no aceptó una medida cautelar que buscaba suspender los efectos del Decreto Supremo 165-2019-PCM, que disolvió arbitrariamente el Parlamento Nacional.
Olaechea centró la defensa de su recurso en el desmontaje de la tesis que utilizó el Poder Ejecutivo para disolver el Pleno del Poder Legislativo, a saber, el obstruccionismo en el que habría incurrido el primer poder del Estado, lo que, en sus palabras, “es contrario a los hechos, y no puede significar bajo ninguna circunstancia, una justificación para un quiebre constitucional”.
“Los problemas y tensiones que puedan surgir entre poderes se deben resolver ante los órganos competentes, de acuerdo a nuestra Constitución”, enfatizó. “Es por ello que estamos presentes hoy ante este Tribunal para sustentar nuestra posición en defensa de las competencias de la institución que representamos, así como del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática”.
Para enfrentar esta idea Pedro Olaechea sostuvo que al margen de algunas discrepancias y tensiones propias de un Congreso en donde prevaleció una mayoría opositora, siempre se colaboró ampliamente con el gobierno central, “a pesar de la narrativa del obstruccionismo frecuentemente empleada”. Seguidamente expuso algunas cifras contundentes.
Entre el 2016 y 2019 el gobierno central solicitó la delegación de funciones en tres oportunidades y siempre fue otorgada; de 213 decretos legislativos emitidos por el gobierno, en el contexto de esa delegación de funciones, solo tres fueron derogados, los 210 restantes permanecen en el ordenamiento jurídico tal y como fueron emitidos por el Ejecutivo.
De 338 proyectos de ley presentados por el gobierno central, la mitad se aprobaron y solo el 2,9 por ciento se archivó, el resto seguía pendiente de debate en las comisiones. Esta cifra fue comparada con los períodos legislativos anteriores: del 2006 al 2011, se archivó el 11% de los proyectos presentados por el Ejecutivo; del 2011 al 2016, se archivó el 4,4% de los proyectos presentados por el gobierno del periodo.
De acuerdo con estas cifras, resalta el siguiente hecho: el gobierno de Ollanta Humala tuvo mayoría en el Parlamento durante los primeros cuatro años; es decir que dicho Congreso de oposición, “obstruccionista” según el gobierno, archivó menos proyectos del Ejecutivo, que un Congreso con mayoría oficialista.
¿Obstruccionismo?
Olaechea se preguntó entonces: ¿dónde está el obstruccionismo? ¿Acaso debatir los proyectos, hacer cambios o simplemente no aprobarlos inmediatamente tal como llegar del Poder Ejecutivo nos convierte en obstruccionistas? ¿Cumplir con nuestra función constituye una obstrucción al Ejecutivo?
En los hechos, remarcó, el “obstruccionismo argumentado por el Poder Ejecutivo no existió”.
“Lo que este argumento nos revela es que para el presidente de la República “obstruccionismo” es que el Congreso cumpla con sus funciones constitucionales, que apruebe leyes con las que él no está de acuerdo y que investigue irregularidades que involucren a funcionarios del gobierno. Es por esto que ha atacado constantemente Congreso, intentando socavar su autonomía y competencias”, reiteró.
Atentado democrático
El inconstitucional cierre del Congreso de la República por parte del presidente Martín Vizcarra, señaló Pedro Olaechea, ha sido la culminación de una serie de actos llevados a cabo por el Ejecutivo que atentaron directamente contra la autonomía, competencias e institucionalidad del Poder Legislativo, generaron un enfrentamiento entre ambos poderes, y terminaron por romper el necesario equilibrio que debe existir entre los tres poderes del Estado.
Incluso, aún hoy, se pretende que la Comisión Permanente sea una mesa de partes, se hacen interpretaciones restrictivas de las funciones que la Constitución y la ley le otorga, se desconoce su función fiscalizadora al ignorar sistemáticamente los pedidos de información que esta le hace y se denuncia penalmente a su titular para impedir que este ejerza su legítimo derecho de defensa.
Olaechea resaltó que lo que caracteriza a las democracias “es la existencia de controles y contrapesos al poder. Que en la actualidad el Poder Ejecutivo pretenda gobernar suprimiendo el más mínimo contrapeso o fiscalización que pueda ejercer el Poder Legislativo, es señal de que no vivimos en una democracia plena, y de que nuestra Constitución ha sido gravemente vulnerada en lo que respecta a la división de poderes”.
PRENSA-CONGRESO