El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, destacó la importancia del liderazgo del Parlamento Nacional en buscar solución a la problemática de la inseguridad ciudadana, un tema considerado prioritario para la población, así como la necesidad de enfrentar, de manera conjunta con otros sectores, el flagelo de la delincuencia.

Fue durante mesa de trabajo «Seguridad Ciudadana, tarea que nos une», realizada hoy en la sala Grau de Palacio Legislativo, que convocó a la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez Gallegos; a los titulares de la Comisión de Defensa Nacional, de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, de Inteligencia, Adriana Tudela (Avanza País), Alfredo Azurín Loayza (SP), José Cueto Aservi (HD), respectivamente. Además, al fiscal de la nación, Juan Carlos Villena; el viceministro del Ministerio del Interior, exministros, así como alcaldes y representantes de gremios empresariales.

Durante su intervención, Salhuana destacó que se haya evaluado 25 proyectos de ley propuestos por diversos actores, incluyendo congresistas, alcaldes y gobernadores regionales.

También anunció la creación de una mesa técnica dedicada a combatir la inseguridad ciudadana, la cual debe tener sus representantes acreditados antes del viernes.

“Se establece un plazo de 30 días para desarrollar propuestas legislativas, con el objetivo de que a finales de octubre se presente un conjunto de normas para ser vistos en el Pleno del Congreso. Estas medidas buscan responder de manera firme a la delincuencia, proponiendo penas más severas para enfrentar estos delitos de forma decidida”, señaló.

Previamente, Salhuana Cavides resaltó la necesidad de mantener una comunicación fluida entre el Congreso y las autoridades locales, enfatizando que la colaboración es clave para desarrollar estrategias eficaces ante la delincuencia.

Propuso, además, un debate en la Comisión de Defensa Nacional y la de Seguridad Ciudadana que permita a los parlamentarios y entidades involucradas proponer y discutir soluciones efectivas antes de una reunión final programada para el mes de octubre, en el que se desarrollará un Pleno temático.

El presidente del Congreso solicitó la participación activa de entidades y expertos, resaltando que este diálogo es solo el inicio de una serie de medidas para fortalecer la seguridad en las calles.

PARTICIPANTES

El congresista José Cueto Aservi (HD), presidente de la Comisión de Inteligencia, expresó su preocupación por la falta de acción efectiva por parte de las autoridades y la percepción de impunidad en el sistema judicial. Dijo que ello, muestra la frustración de los ciudadanos y sobre cómo la delincuencia ha estado manejando el país, en un contexto de inacción o falta de firmeza por parte del Poder Ejecutivo.

Dijo que el sistema está fallando en su deber de garantizar la seguridad, donde la ausencia de una respuesta contundente y la lucha cultural no se están llevando a cabo de manera efectiva. Todo esto genera un ambiente de insatisfacción y preocupación entre los ciudadanos que buscan seguridad y justicia.

La legisladora Kira Alcarraz Agüero (PP) consideró que la defensa de la policía y el reconocimiento de su labor son fundamentales en una sociedad que busca el bienestar y la seguridad de todos.

Señaló que hay un maltrato a la Policía Nacional del Perú (PNP) no solo por parte de la población, sino también por las autoridades que no les brindan el apoyo necesario.
“Sin un respaldo adecuado, es difícil que puedan cumplir con su labor de manera eficiente”, dijo.

Por su parte, el fiscal de la nación, Juan Villena Campana, dijo que es vital abordar el problema de la criminalidad desde múltiples frentes: la prevención, la educación y la rehabilitación deben ser tan importantes como la imposición de penas.

Asimismo, mencionó que es esencial fomentar el diálogo entre todas las partes involucradas en el sistema judicial, así como con la sociedad civil, para asegurar que las políticas sean efectivas y justas.

“La discusión sobre el equilibrio entre la severidad de las penas y la efectividad en la disuasión del delito debe seguir siendo un tema central en la agenda pública”, aseveró.

En tanto, Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su preocupación por la evidente situación de inseguridad y crimen organizado que está afectando gravemente a la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos.

Expresó que la falta de voluntad política para abordar el problema de los presupuestos es un obstáculo significativo, por ello, afirmó que es esencial que se prioricen los recursos necesarios para fortalecer las medidas de seguridad.

“El hecho de que se hayan reportado varios casos de extorsión en la capital es alarmante y refleja la magnitud del problema. Es crucial que las leyes y normativas vigentes se fortalezcan para facilitar el trabajo de las autoridades y no se limiten por restricciones que pueden entorpecer la acción efectiva contra las organizaciones criminales”, dijo.

Jaime García, director de la Cámara de Comercio de Lima, manifestó que la participación del sector privado en la formulación de políticas de seguridad es esencial para aportar una perspectiva valiosa sobre los desafíos que enfrentamos, especialmente en términos de prevención del delito y estrategias de control.

David Hernández Salazar, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), señaló que es un hecho preocupante que la seguridad en el transporte público sea un tema tan urgente y sensible en la actualidad.

Afirmó que la sensación de inseguridad no solo afecta a los conductores, sino también a todos los pasajeros que dependen de este servicio vital para su día a día. Por ello, manifestó que es esencial que se tomen medidas efectivas para abordar esta situación, salvaguardando así la integridad de las personas y promoviendo un ambiente de confianza y paz en nuestras comunidades.

⁠El coronel PNP José Paico Cayao, jefe de la Divipol Norte 3, dijo que es crucial abordar este tema desde una perspectiva preventiva, en lugar de solo reaccionar a los crímenes una vez que ya han ocurrido.

Consideró que es necesario invertir en programas educativos y recreativos para niños y adolescentes, implementar programas que ayuden a reintegrar a jóvenes que han estado en conflicto con la ley, dándoles las herramientas necesarias para un futuro mejor y sensibilizar a la sociedad sobre los problemas que enfrentan los jóvenes y la importancia de brindarles apoyo y oportunidades.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL