Esta noche fueron presentados ante el Pleno del Congreso de la República los informes finales, en mayoría y minoría, de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que investigó la participación del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y altos funcionarios del Ejecutivo en presuntos actos de corrupción, caso denominado “Sarratea”.

Seguidamente, la titular del Parlamento, Maricarmen Alva Prieto, informó que el debate y votación del informe final se realizará durante la sesión plenaria convocada para el jueves 14.

El informe final en mayoría recomienda acusar constitucionalmente al mandatario por los casos Puente Tarata III, injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA), SUNAT y hallazgo fiscal de $20,000.00 en oficinas del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno y casa de Sarratea.

Luego de más de siete meses de trabajo, los miembros del grupo legislativo que preside Héctor Ventura Ángel (FP) concluyeron que se ha corroborado que el presidente Pedro Castillo Terrones “habría liderado o jefaturado una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, que estaría enquistado en el Poder Ejecutivo”.

Por ello, y al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución, se le acusaría por la presunta comisión del delito de organización criminal, tipificado en el artículo 317; colusión tipificada en el artículo 384; y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

La comisión propone, además, formular acusación constitucional, al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas; al exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales; y al exministro Juan Carrasco Millones.

TARATA III

Para el caso Puente Tarata III se concluyó que, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el uso de “información privilegiada en materia de contrataciones, designación de funcionarios y otras facultades”, se “habría cometido delitos de colusión, condicionando el otorgamiento de contrataciones a favor de determinados postores, a cambio de beneficios de índole económico”.

El informe en mayoría, sustentado por Ventura Ángel, destaca que esta “organización criminal se encontraría vigente y, por tanto, su actual existencia y funcionamiento delictivo hace peligrar el debido esclarecimiento de los hechos”.

En “el contexto de los fines delictivos de la organización criminal”, se estableció que Pedro Castillo Terrones se relacionó con Bruno Pacheco Castillo, Juan Silva Villegas, Fray Vásquez Castillo, Zamir Villaverde García y Karelim López Arredondo “para poder coordinar los direccionamientos de los resultados de los diversos procesos de selección en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor de diversas empresas”.

Entre ellos, destaca el informe, hubo “una distribución de roles conjuntamente con otros funcionarios, personas naturales y personas jurídicas”.

ASCENSOS

Sobre el caso injerencias en ascensos en las FFAA se corroboró que el exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, el exsecretario general Bruno Pacheco, y el presidente de la República Pedro Castillo Terrones, intervinieron en el proceso de ascensos de los altos mandos del Ejército del Perú, “a fin de que oficiales allegados al Ejecutivo sean beneficiados”.

La forma en que el presidente Castillo Terrones habría interferido en este proceso se encuentra en los mensajes de WhatsApp que envió al excomandante general del ejército José Vizcarra Álvarez, el mismo que fue ratificado por el presidente “en su declaración ante el Ministerio Público el 28 de diciembre del 2021 en la carpeta fiscal Nro. 222-2021”.

Ventura Ángel sostuvo que existen “suficientes indicios razonables de que a los oficiales a los que se les pretendía ayudar y beneficiar en el proceso de ascensos de 2021 realizado en la Policía Nacional, se le cobraban cupos o coimas y que sucedería lo mismo al interior de los procesos de ascensos en el Ejercito del Perú”.

SUNAT

En el caso SUNAT y el hallazgo fiscal de $20,000.00 en oficinas del Despacho Presidencial, dijo, se ha corroborado que la Fiscalía Anticorrupción descubrió que Bruno Pacheco Castillo guardaba entre sus pertenencias personales, en el baño de su oficina de Palacio de Gobierno, dicha suma.

El dinero, expresó, “serían producto de coimas cobradas a oficiales para los ascensos en la Policía Nacional del Perú”, puesto que Pacheco Castillo “no ha evidenciado la procedencia lícita del dinero, por el contrario, ha brindado diversas explicaciones contradictorias sobre el origen del dinero hallado por la Fiscalía Anticorrupción”.

SARRATEA

Para el caso de la “casa Sarratea”, se corroboró que Bruno Pacheco Castillo, con la anuencia del presidente de la República, “influyó, presionó e intimidó al Superintendente de la Sunat, Luis Enrique Vera Castillo, con el objeto de beneficiar” a las empresas Grupo Deltron S.A., MQVC Corporation SAC. y al abogado Marco Antonio Urbina Chumpitassi, postulante al puesto de martillero público para la Intendencia de la Sunat en Trujillo.

Sobre la Casa Sarratea y SBN, la Comisión corroboró que el presidente Pedro Castillo Terrones “ha transgredido, en ejercicio de sus funciones”, la Ley N.º 28024, que reglamenta y sanciona la gestión de intereses en la administración pública.

La mencionada, “indica que los servidores del Estado están obligados a mantener actualizado y accesible el registro de visitas, el cual tiene carácter de declaración jurada, y además regula en su artículo 16.3 la prohibición de los funcionarios públicos de atender actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional”.

Las investigaciones del referido grupo legislativo se efectuaron en función de las mociones de orden del día 1412 y 1330, las mismas que le brindaron facultades investigativas sobre los presuntos hechos ilícitos que han vulnerado el principio de transparencia en el desempeño del cargo del presidente de la República.

Las propuestas legislativas incluyeron al exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco Castillo, y los posibles ilícitos en los que podrían haber incurrido, en ese contexto, ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios, entre otros, relacionados a las denuncias periodísticas que dieron lugar al inicio de esta investigación.

INFORME EN MINORÍA

El congresista Pasión Dávila Atanacio (BM), por su parte, miembro de Fiscalización y Contraloría, sustentó el informe en minoría que concluye que la comisión no ha logrado acreditar que el presidente Pedro Castillo Terrones haya realizado actos de coordinación o direccionamiento de los resultados de los diversos procesos de selección en el Ministerio de Transportes. Y Comunicaciones a favor de diversas empresas

Asimismo, desestima la participación del presidente de la República en los casos de injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas, SUNAT para favorecer a terceros y en el caso “Casa Sarratea”.

El informe en minoría recomienda archivar la presente investigación de lo relativo al presidente Pedro Castillo Terrones y que se remita lo actuado al Ministerio Público para que actúe de acuerdo a sus competencias y defina responsabilidades.

OFICINA DE COMUNICACIONES