La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, presidida por el congresista Alejandro Soto Reyes (APP), desarrolló una sesión en la que se abordaron los recursos asignados al Tribunal Constitucional (TC) y al Ministerio de la Mujer para el año fiscal 2026 y los avances en planificación estratégica del Estado a cargo del CEPLAN.

TC

Durante su exposición, la presidenta del TC, Luz Imelda Pacheco Zerga, sustentó el presupuesto asignado a su sector para el próximo año, que asciende a S/ 49’558,012 por la fuente de recursos ordinarios.

Precisó que este monto es inferior en S/ 1’720,155 y S/ 575,624 respecto de los presupuestos iniciales de los años 2024 y 2025, respectivamente.
Alertó que esta reducción impacta directamente en las condiciones operativas de la institución y solicitó una demanda adicional de S/ 6’820,254 para cubrir gastos prioritarios y la descarga procesal pendiente.

Pacheco Zerga explicó que sin recursos adicionales el tribunal no podría cubrir los pagos al personal contratado a partir de la mitad del año, advirtiendo que el servicio que presta el TC es fundamentalmente jurídico e intelectual y que la mayor parte de su presupuesto se destina a recursos humanos.

Detalló que los fondos adicionales solicitados servirían para el mantenimiento de equipos críticos, audiencias descentralizadas, adquisición de tecnología para transmisiones en vivo, pago de
arbitrios de su sede principal y compensaciones por tiempo de servicio del personal que cesa, entre otros gastos urgentes.

Asimismo, informó que el Tribunal destina cerca del 5 % de sus recursos a pagar sentencias supranacionales, lo que retrasa el cumplimiento de obligaciones con sus propios trabajadores, y planteó que el Ministerio de Justicia asuma esta carga financiera.

La presidenta del TC también propuso que la institución sea exceptuada de la obligatoriedad de incorporarse al régimen de SERVIR y de las restricciones presupuestarias en materia de personal, a través de un artículo específico en la ley de presupuesto 2026, con el objetivo de fortalecer su autonomía y garantizar su funcionamiento.

Luego de escuchar la exposición, el congresista Edgard Reymundo Mercado (BDP) cuestionó el incremento del gasto corriente, en especial en los pagos a locadores de servicios, mientras que la parlamentaria Isabel Cortez Aguirre (PP) exhortó a que se prioricen los casos de trabajadores despedidos arbitrariamente.

El presidente de la comisión, Alejandro Soto Reyes (APP), destacó la importancia de asegurar recursos adecuados al Tribunal Constitucional para que cumpla su rol como garante de la Constitución.

CEPLAN

El grupo de trabajo también escuchó la exposición del jefe del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), quien sustentó los avances en la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050 y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) y Regionales Concertados (PEDRC).

Presentó indicadores como la meta de reducir la desigualdad económica de 0.42 a 0.33, disminuir la pérdida de bosques de 203 mil a 52 mil hectáreas, elevar el ingreso promedio del país de US$ 11,261 a US$ 30,000 (PPA) y mejorar el índice de democracia de 6.53 a 8.6.

El representante del CEPLAN explicó que, aunque la mayoría de los sectores han actualizado sus planes de desarrollo regional, aún persisten retrasos en departamentos como Amazonas, Madre de Dios, Huancavelica, Lambayeque e Ica, así como brechas significativas en la actualización de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) en gobiernos locales, especialmente en municipalidades distritales donde la brecha alcanza el 67 %.

En el debate, el congresista Alejandro Soto Reyes (APP) expresó su preocupación por el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Nacional.
Edgard Reymundo Mercado (BDP) consultó sobre la compatibilidad de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que otorga al Congreso iniciativa de gasto, con el sistema nacional de
planificación.

Isaac Mita Alanoca (PL) denunció la falta de actualización de los planes estratégicos y pidió medidas correctivas o sanciones para las autoridades que incumplen.

Por su parte, el congresista Eduardo Castillo Rivas (FP) planteó interrogantes sobre las políticas para enfrentar el estrés hídrico y los mecanismos estratégicos para coordinar con los partidos políticos.

MIMP

En la misma sesión, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, señaló que el presupuesto de su sector ha mostrado una tendencia creciente y que para el próximo año se prevé un total de S/ 1 124 580 160, lo que representa un incremento moderado del 6.02 % (S/ 63 810 658) respecto al presupuesto de 2024.

Explicó que estos recursos financian principalmente la asistencia económica a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, apoyo a víctimas indirectas de feminicidio, implementación de negociaciones colectivas a nivel descentralizado y gastos por arbitrios municipales.

Con el presupuesto 2026, se proyecta atender a más de 550 personas en Centros de Acogida, 650 familias en los SAIPD, 60 acciones de inserción laboral, 1,200 capacitaciones técnicas, 35,000 atenciones en la Red Alivia y 51,000 nuevas inscripciones en el Registro Nacional.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL