Un proyecto de ley de eficiencia económica por simplificación y reducción de costos administrativos será dictaminado en los próximos días por el Grupo de Trabajo de Competitividad y Productividad de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, informó su presidenta la congresista Mercedes Aráoz Fernández (PPK).

Asimismo anunció que, a la brevedad, esa subcomisión elaborará otra propuesta legislativa tendiente a reducir la informalidad y el aumento de la productividad para bien de la economía nacional.

Ambas afirmaciones las hizo en la sesión que realizó su grupo de trabajo en la sala Bolognesi, a la cual asistieron los legisladores Miguel Torres Morales (FP), Percy Alcalá (FP) y Alberto Quintanilla (NP), así como especialistas de los ministerios de Economía, Miriam Yepes; de Trabajo, Félix Grandez; y del Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización, Henry Espinoza.

Respecto al proyecto de ley de eficiencia económica, Aráoz explicó que regulará la inaplicación con carácter general de aquellas medidas calificadas como barreras burocráticas ilegales que están contenidas en disposiciones administrativas en procedimiento iniciados a pedido de o de oficio.

Dijo que define la inaplicación con efectos generales como el de una resolución que beneficia a todos los agentes económicos y administrativos afectados, real o potencialmente, por una barrera burocrática contenida en una disposición administrativa, en los supuestos regulados en determinada ley.   

Aráoz indicó que se extiende el ámbito de acción en materia sancionadora a todo funcionario, servidor público o cualquier persona que ejerza función administrativa por delegación en la entidad que fuera denunciada o en cualquier otra entidad a nivel nacional, local o regional, que aplica las barreras burocráticas declaradas ilegales.

Sobre el proyecto que busca reducir la formalización y el aumento de la productividad, informó que deberá ser redactado y dictaminado a la brevedad. Manifestó que la futura norma contendrá mecanismos de atracción para que las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) se formalicen y reduzcan el 70% que significan en el ámbito informal del país.

Señaló que el propósito es reducir la informalidad a un 60% y si se puede bajarlo más, pero recomendó la implementación de incentivos tributarios, salariales y beneficios sociales. Dijo que las MYPES son de gran importancia para la economía nacional, porque significan más del 90%.

Por su parte, Miguel Torres estimó que esta política de incentivos tiene que ser atractiva tanto para los trabajadores como para las microempresas, “pero estas medidas deben ser realistas y no demagógicas como siempre se ha hecho”.

 Consideró que la formalización de las MYPES también debe pasar por un cambio sustancial en los diferentes regímenes tributarios que se aplican en ese sector.

PRENSA-CONGRESO-18-7-19