El congresista Jorge del Castillo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional expresó su  preocupación por el incremento de la inseguridad ciudadana, problema que -dijo- es compartido por el Congreso de la República. Por tal motivo presentó un paquete de proyectos de ley orientados a mejorar la seguridad ciudadana.

            Se trata de los proyectos de ley sobre ciberseguridad, otro sobre protección policial, uno del serenazgo municipal, además de otras dos propuestas que están en estudio sobre la ampliación de la legítima defensa para la protección del domicilio y la integridad personal y sobre la regulación de la entrega voluntaria de armas con tenencia irregular y sin registro.

            En la reunión participó el ministro del Interior, Carlos Morán, quien informó sobre  las acciones que se están implementando para la migración segura. Dijo que se está desarrollando un Plan Operativo que conlleva a expulsar del país a ciudadanos venezolanos que, aprovechando de la acogida de nuestro país, huyeron del suyo y han ingresado sujetos inescrupulosos que pasaron el control migratorio y no informaron que tenían antecedentes judiciales y penales.

            «Hemos hecho una depuración de padrones y hemos encontrado a 700 hombres y mujeres venezolanos que registran antecedentes judiciales y penales en Venezuela, información que se ha contrastado con Interpol y hemos procedido a hacer las explicaciones respectivas» informó el ministro Morán.

            El ministro aseguró que se trata de impedir que este riesgo se pueda convertir en un peligro para nuestros connacionales. “Esto no es xenofobia”, aseguró.

            Morán informó que hay alta incidencia de acciones delictivas en las regiones y en Lima, San Juan de Lurigancho, Lima Norte y Lima Sur y por esta situación se está procediendo a expulsarlos. “Ya se han hecho dos vuelos y estamos esperando la salida de estas personas en los próximos días”, agregó.

            También informó que se está implementando un Módulo Integrado de Justicia cuyo propósito es articular a la policía, al fiscal, al juez y a la defensoría pública del Ministerio de Justicia y, eventualmente, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer para casos de violencia familiar. “Esta medida permitirá que salgan sentencias en un plazo de 24 a 48 horas para aquellos que cometen estos delitos, lo cual reduciría la inseguridad”, dijo Moran.

            Agregó que el piloto se lanzará el 15 de junio en el distrito de La Victoria y posteriormente se ampliará a Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y Lima Norte.

            En cuanto al estado de la flota vehicular, dijo que la falta de patrullaje se da porque el 51 % de los patrulleros se encuentra en estado operativo frente a un 41% que está inoperativo. Detalló que de los vehículos operativos – dos mil- fueron adquiridos en el 2016 y 800 fueron adquiridos en el 2013.

            Al respecto, el congresista Marco Miyashiro pregunto cuál era la razón por la cual se adquieren vehículos y no se contempla su mantenimiento. El ministro informó que en el 2018 se le asignó al sector un presupuesto de 11 mil 296 millones de soles en tanto que, en el 2019 se otorgó 11 mil 136 millones de soles, partida que incluye todo concepto, planillas y gastos. “Se  ha reducido 50 millones de soles. Vamos a tener en cuenta en la elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal del sector”, señaló.

            Otro gran problema -dijo el ministro- es el tránsito vehicular, situación que se complicará con el cierre de calles cuando se inicien los Juegos Panamericanos entre julio y agosto, oportunidad en la que se prevé la llegada de 170 mil personas. “Necesitamos incrementar el patrullaje y con esta flota de vehículos no vamos a poder llevar a cabo. No estamos preparados”, dijo Morán.

            Morán también informó que se está trabajando un proyecto de ley orientado a regular el delito de resistencia a la autoridad para que sus autores sean pasibles de sanción penal efectiva. “Tenemos que empezar a respetar a la autoridad”, puntualizó.

            Anunció presentará una propuesta para regular la venta de partes o autopartes porque se comercializan con total impunidad. “Hay que prohibir la venta de autopartes de vehículos robados” dijo y agregó que se propondrá que la simple posesión de armas de fuego sea pasible de sanción penal severa.

            Por su parte, el congresista Richard Arce advirtió del incremento de vehículos motorizados que hacen reparto a domicilio que, a pesar de ser una fuente de trabajo, requieren ser normados para su operatividad porque están incrementando el desorden en la cuidad.

PRENSA CONGRESO