La congresista Mercedes Aráoz propuso dar mayores prerrogativas al Sistema Nacional de Control para fiscalizar los fondos públicos en comunicación, sanciones escalonadas y efectivas para funcionarios públicos que hagan mal uso de estos fondos; y un régimen jurídico para la comunicación gubernamental o publicidad contratada por el Estado.

            Estos conceptos los dio a conocer en la sustentación de su proyecto de ley que propone regular la publicidad estatal, en sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones realizada el martes 20.

            Aráoz sostuvo que es necesario establecer  un modelo de contratación anual, centralizando el presupuesto público para negociar tarifas como cliente importante de medios privados. La iniciativa contempla incentivos para eliminar las distorsiones en la tarifa de medios privados para lo que se plantea buscar mecanismos que sinceren costos de servicios de las centrales de medios.

            Para descentralizar y hacer más plural la contratación de la publicidad estatal se plantea contar con mecanismos técnicos que permitan medir la llegada de los medios a nivel nacional, usando herramientas como el B.A.R. y la encuesta de INEI que validen la medición de los medios locales.

            “Se busca que la comunicación gubernamental sea más efectiva; tenemos que introducir criterios de cobertura geográfica o de penetración y no solo de alcance, hay que medir la sintonía o lectoría”, dijo la congresista.

            La propuesta de Aráoz Fernández contempla garantizar la emisión de mensajes gubernamentales con la utilización de lenguas originarias, logrando que los medios públicos comuniquen información de interés público en estas  lenguas.

            Por su parte, el legislador Edgar Ochoa Pezo (Nuevo Perú) opinó, al sustentar en la comisión un proyecto de ley con los mismos fines,  que las contrataciones estatales deben estar enmarcadas en un plan estratégico comunicacional, y en función a ello se debe hacer un mapeo de personas o instituciones que pueden dar el servicio.

            La realidad nacional es diferente en cada lugar. En provincias hay comunicadores que no son empleados de un medio de comunicación a tiempo completo, son personas naturales que para ejercer su labor comunicativa deben ser usuarios de los medios de comunicación.

            Ochoa  afirmó se puede colegir que  los medios nacionales no llegan en la misma magnitud que sí lo hacen los medios locales. Hay antecedentes en otros países de Latinoamérica donde no se prohíbe la publicidad estatal, lo que se hace es regular los procesos.

            La propuesta del congresista Ochoa establece un esquema regulatorio  en la publicidad estatal  que defina de manera clara los espacios y las entidades que actúan en la complementariedad y el derecho del Estado a informar y de la población peruana a estar informada.

            La iniciativa sostiene que la distribución de la ‘torta’ estatal para publicidad debe ser en niveles porcentuales: publicidad nacional (50%), regional  (40%) y local (10%).

            “Los contratos de publicidad que establezcan las entidades o dependencias del Gobierno nacional, regional y local con personas naturales o jurídicas para publicidad estatal no excederá el 0.3% de su presupuesto institucional, explicó el legislador.

PRENSA CONGRESO