Los rectores agrupados en la Asociación Nacional de Universidades Públicas expresaron su preocupación porque en el 2018 se avecina el desplazamiento de profesores que cumplirán 70 años de edad y que, según la Ley Universitaria 30220, es el límite para que puedan ejercer la docencia.

Al respecto, el viernes 29 el congresista Juan Sheput (PPK) –miembro de la Comisión de Educación- anunció que ha presentado un proyecto de ley por el cual propone derogar el artículo 84 de dicha ley y, en el mejor de los casos, se apruebe antes que concluya el presente periodo legislativo (15 diciembre) y superar las dificultades que se podrían presentar el próximo año.

Sheput convocó hoy a los rectores de algunas universidades públicas para conocer sus opiniones sobre este tema. Jorge Alva, rector de la Universidad de Ingeniería, y presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas, dio a conocer que han formalizado la solicitud de derogatoria del referido artículo a la presidenta de la comisión, congresista Paloma Noceda, “para que se levante la valla” de los 70 años de edad como límite para la enseñanza en las universidades públicas del país.

Dio a conocer que ayer la Sunedu publicó un comunicado que atenta contra la autonomía de las universidades y crea inestabilidad forzando a los rectores y autoridades a que convoquen a elecciones, seis meses antes, para que designar a los nuevos vicerrectores administrativos y otros cargos porque perjudica a aquellos que están en el límite de esa edad. Anunció que interpondrán un recurso de nulidad.

Alva señaló que no se ha logrado las expectativas para reemplazar a aquellos profesores que llegarán al límite de edad y que percibirían un sueldo mucho menor (una relación de 3 a 1) porque no son profesores principales y a tiempo completo, además de los años de experiencia que se necesita y el grado de doctor que se exige.

Remarcó que esta situación ha generado inestabilidad y poca gobernabilidad y preguntó por qué no se aplican estos mismos criterios a las universidades privadas.

Enrique Flores, rector de la Universidad Agraria La Molina, dijo por su parte, que le sorprendía el papel que está haciendo la Sunedu porque la directiva atenta contra la estabilidad de las universidades. Explicó que las pensiones que recibirían los profesores que cesen por edad serán muy exiguas, en algunos casos por debajo de los mil soles. Informó que en el 2018, 56 profesores abandonarán las aulas por límite de edad, de los cuales 28 están en el sistema laboral de la Ley 20530 y 26 en las AFP.

Preguntó que si la Sunedu abre la posibilidad de que los profesores jubilados sean declarados “extraordinarios”, con qué recursos se les pagará sus haberes.

A su vez, Juan Alfaro, rector de la Universidad Federico Villarreal, expresó también su preocupación por el “momento inadecuado” en el que la Sunedu ha dispuesto esta medida que ha generado zozobra en la comunidad de los docentes porque se está tomando atribuciones sobre la ley definiendo cargos administrativos que podrán adoptar los profesores.

Invocó al ministro del sector Educación a que “ponga orden” y resuelva este tema en todos sus extremos porque se le está dando demasiado atribuciones a ese organismo supervisor.

Dijo que la competitividad académica no debe medirse por la edad, sino por la capacidad que han acumulado los profesores y por sus conocimientos. Dijo que en su universidad 365 docentes cumplirán los 70 años, muchos de ellos percibirán una pensión de 820 soles que “es indignante”.

Por su parte, la representante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Elizabeth Canales, expresó que estaba de acuerdo con los planteamientos expuestos, que coincidía con la preocupación del decano de la universidad Villarreal y dio a conocer que unos dos mil profesores están cerca a los 70 años en su universidad. En el 2017 ya salieron 118 docentes por esa razón, “una decisión de la ley que ha desestabilizado a la universidad”, afirmó.

A todo ello, el congresista Juan Sheput anunció que solicitará a la comisión que se cite a los funcionarios de la Sunedu para que expliquen el carácter conflicto de esa disposición que pretendería beneficiar políticamente a terceros.

PRENSA CONGRESO