La Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dadivas en los que están involucradas las constructoras brasileñas con empresas, funcionarios y ex autoridades peruanas, que preside la congresista Rosa María Bartra Barriga (Fuerza Popular), recibió al exministro de Economía, Luis Martín Carranza Ugarte, quien reveló que como exviceministro de Hacienda del entonces titular del MEF, Pedro Pablo Kuyczynski, nunca fue consultado sobre la emisión del Decreto de Urgencia N°016-2005, que modificó el nivel de endeudamiento para el financiamiento del corredor vial Interoceánica Perú-Brasil – IIRSA SUR, tramos 2,3 y 4.

El citado Decreto de Urgencia modificó la Ley 28563 – Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. Esta medida permitió que el Estado pueda comprometer mayores sumas de dinero para los pagos a favor del consorcio conformado por Odebrecht y Graña y Montero que obtuvo la buena pro.

Carranza aseguró ante los miembros de la comisión que Kuczynski siempre se mostró interesado en el proyecto, pese a que este no era rentable económica ni socialmente. Admitió que esta norma estaba “maquillando las deudas” y reveló que la dación del Decreto de Urgencia N° 016-2005 y el hecho de que no se le pidiera opinión, a pesar de que se trataba de un tema de su sector, motivaron su renuncia. “Estuve en contra, no me consultaron y esto gatilló mi renuncia”, aseveró.

De otro lado, Carranza admitió sus discrepancias con la decisión del gobierno de Alejandro Toledo de exonerar de los mecanismos de control del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) al corredor vial Interoceánica Perú-Brasil – IIRSA SUR, tramos 2,3 y 4 a pesar de la millonaria inversión que se requería. El proyecto empezó costando US$ 810 millones, pero después de todas las normas que se dieron para favorecer a Odebrecht, los costos superan los US$ 3 mil millones, de acuerdo a reportes del MEF.

Al respecto, Carranza resaltó que por entonces existían otros proyectos urgentes que sí contaban con beneficios asegurados para la población. En ese sentido, precisó que la responsabilidad de esta medida recae en el entonces ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, quien también ejercía la presidencia del Consejo Directivo de Proinversión.

Al ser consultado por la presidenta de la comisión si estas medidas –el Decreto de Urgencia 016 y la exoneración del SNIP, a través del Decreto Supremo 022-2005-EF–, resultaban necesarias para asegurar la entrega en concesión del proyecto, el exviceministro señaló que, sin estas medidas, no se hubiese logrado firmar los contratos con el consorcio conformado por Odebrecht.

Lima, 2 de marzo del 2018

Comisión Investigadora Multipartidaria