La Comisión Agraria citará a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz, para que informe sobre el estado del trámite del ofrecimiento de 150 mil toneladas de urea por parte de Marruecos, o definición de aceptación o no, del fertilizante por parte del Estado peruano.

Fue ante el pedido del congresista Miguel Ángel Ciccia Vásquez, (RP), quien indicó que ese país del norte de África mantiene vigente su ofrecimiento. “Sería importante para nuestros agricultores y para el país, porque traducido en recursos dinerarios son 138 millones de dólares”, dijo el parlamentario.

La presidenta del grupo de trabajo parlamentario, Nilza Chacón Trujillo, (FP), recordó que en la sesión anterior que se sostuvo con la Canciller, se le hizo esa consulta, por lo que es importante volvérsela a hacer para conocer los adelantos realizados en torno a este tema.

“Se trata de una donación muy importante que no puede dejarse en el aire”, expresó la parlamentaria, tras indicar que la comisión hará la invitación respectiva.

Entretanto, la congresista Jessica Cordero Lobatón, de Avanza País, pidió en forma urgente citar a la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo, para que informe sobre la cancelación de un cuarto proceso de la urea ocurrido en diciembre último y las medidas inmediatas que tomará su sector tomando en cuenta que ya se está a más de la mitad de la campaña agrícola.

La legisladora advirtió que esa situación afecta a la cosecha y tiene efecto en el aumento del precio de los productos, en perjuicio no solo de los agricultores, sino de la población en su conjunto.

De otro lado, la décima primera sesión ordinaria sirvió para archivar, por mayoría -diez votos a favor y ocho en contra- la propuesta que planteaba una ley que autorizaba el reconocimiento de la denominación de origen de la «Quinua Orgánica Andina”, de autoría del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, (AP).

De acuerdo al sustento técnico que elaboró el dictamen negativo, fue que para el cambio de denominación no se requiere de una ley, sino de un proceso administrativo ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Antes, fue escuchada la sustentación de la congresista Silvana Emperatriz Robles Araujo, (PL) sobre su proyecto de ley N° 1877/2021-CR, que propone la modificación de diversos artículos de las leyes de agricultura familiar y de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar.

Durante la sesión, fueron escuchados representantes de importantes gremios para conocer su posición en torno a las denuncias ciudadanas, que existen en contra de la quema de caña de azúcar por su efecto contaminante.

En ese sentido, Carlos Castro Serón, gerente general de la Asociación Peruana de Agroindustriales del Azúcar y Derivados (Perucaña) y Américo Valderrama Peña, presidente de la Junta de Usuarios de Agua Sector Hidráulico Menor Moche y de la Asociación de Cañicultores del Valle de Santa Catalina, coincidieron en manifestar que el problema también está vinculado a la generación de empleo como producto del sembrado de la caña de azúcar y al desarrollo de la economía de la agricultura familiar.

Castro Serón dijo que están utilizando instrumentos de gestión ambiental, pero que requieren de herramientas que permitan contribuir al proceso de quema en forma regulada.

Por su lado, Valderrama Peña, demandó apoyo del Estado y que las propuestas regulatorias evalúen la necesidad de evitar que se frustre el sembrado de la caña de azúcar.

OFICINA DE COMUNICACIONES