POLITICAS DE PREVENCIÓN ANTE LA CORRUPCIÓN

Centro de Noticias del Congreso

07 Jun 2017 | 12:51 h

La congresista Ana María Choquehuanca (PPK) mostró su satisfacción por los aportes recibidos durante la sesión del grupo que coordina referidos a la “Lucha Permanente y Planteamientos de Políticas de Prevención contra la Corrupción en el Sector Público” que contó con la participación del viceministro de Justicia Edgar Enrique Carpio Marcos; de la jefa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Ana Revilla Vergara, y de Luis Egusquiza representante de Idea Internacional.

 Los aportes recibidos están en la línea de plantear políticas de prevención contra la corrupción que tenemos que “sembrarla” en el país. Todos debemos involucrarnos en este cometido. Me parecen sumamente importantes las propuestas del Ministerio de Justicia sobre todo la de “muerte civil”, que permitirá  inhabilitar a las personas que tengan sanciones penales o administrativas y no permitirles servir al Estado, sostuvo la legisladora. 

ACCIONES ANTICORRUPCIÓN

El viceministro de Justicia Carpio Marcos explicó los alcances de los Decretos Legislativos otorgados en el tema de la lucha anticorrupción que tienen como propósito – según explicó – que la corrupción se inserte en la sociedad y se desarrolle, así como su prevención y juzgamiento.

 Asimismo,  la importancia de la creación de una autoridad transparente porque la opacidad o cultura del secreto son medios que generan y permiten espacio a la impunidad. Es imprescindible una autoridad encargada de sancionar las infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, explicó.

 También, desde Justicia planteamos la necesidad de levantar los estándares de contratación pública, viendo que las personas inhabilitadas por sanciones penales o administrativas no puedan ser contratadas por el Estado. Estos decretos se están implementando a través de Reglamentos, procesos de capacitación y formulación de protocolos de actuación, informó.

Asimismo, se plantea la creación de un Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles y su incorporación en un Registro de todas las sanciones derivadas de procesos administrativos, disciplinarios o funcionales.

Luis Egusquiza, representante de Idea Internacional, sostuvo que  en la presente  coyuntura donde  aún la discusión de la Reforma electoral no encuentra un cauce, se  hace imprescindible encarar el proceso electoral del 2018 con reformas urgentes porque están presentes los riesgos de entregas de dádivas,  utilización de fondos del narcotráfico o contar con candidatos vinculados a negocios ilegales. Por ello la reforma en el financiamiento de  los partidos políticos es urgente, enfatizó.

Cualquier intento de atacar la corrupción como fenómeno global implica repensar  también el sistema de información oficial único que registra y mantiene actualizada la información de personas naturales y jurídicas que contratan con el Estado.

Hay estudios  que plantean que una sentencia de primera  o segunda instancia sea suficiente para que estas personas no puedan participar en un proceso electoral y se rehabilite sus derechos en el momento que estas acusaciones sean desvirtuadas. Ello involucra otro elemento importante en la lucha contra la corrupción que es la búsqueda de candidatos idóneos.

OSCE

Por su parte, Ana Revilla Vergara, jefa de OSCE, explicó las modificaciones y cláusulas anticorrupción propuestas por ese organismo, como son la obligación del contratista de conducirse en todo momento durante la ejecución del contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad, de no cometer actos ilegales o de corrupción y su compromiso de comunicar a las autoridades competentes de cualquier acto o conducta ilícita de que tuviere conocimiento.

 CASOS DE SOBORNOS

Asimismo, la entidad podrá declarar la nulidad de oficio cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión en relación con ese contrato o su procedimiento de selección.(EPA)

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