El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 2921/2022-CR, 5770/2023-CR, 6310/2023-CR y 7427/2023-CR, que propone modificar la Ley 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

Esta modificación tiene como objetivo promover una cultura de prevención de la violencia, fortaleciendo el marco normativo vigente en esta materia.

La propuesta fue aprobada con 89 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones.

La congresista María Córdova Lobatón (RP), presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, sostuvo que la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar continúa siendo una de las problemáticas más graves y persistentes en el país.

Añadió que  a pesar de la existencia de la Ley 30364, su implementación sigue enfrentando serias limitaciones. “Es evidente que necesitamos una política pública verdaderamente centrada en la prevención, con medidas eficaces y sostenibles”, señaló.

En ese sentido, la congresista Lobatón explicó que desde la Comisión de Mujer y Familia se proponen fortalecer y perfeccionar el marco normativo vigente con los siguientes ejes de acción:

Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales en el tratamiento de las personas agresoras, mediante mecanismos de reeducación y prevención, a través de programas de capacitación a través del Centro de Altos Estudios contra la Violencia hacia las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Perfeccionar las funciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, incorporando de manera explícita el enfoque étnico e intercultural. Además, se propone garantizar la participación de organizaciones sociales representativas de pueblos indígenas y originarios en las instancias regionales, provinciales y distritales.

Establecer un sistema riguroso de evaluación de políticas públicas, mediante informes anuales que midan la efectividad real de las acciones implementadas, utilizando indicadores verificables.

Asimismo, la congresista enfatizó la necesidad de dejar sin efecto el Decreto Supremo N.010-2022-MINP, que impone la obligatoriedad de capacitaciones en enfoque de género sin contar con un sustento presupuestal claro ni una estrategia operativa viable.

La propuesta fue exonerada de segunda votación con 91 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL