El Pleno del Congreso aprobó el informe preliminar mediante el cual se le otorga a la Comisión de Fiscalización y Contraloría el plazo de 120 días hábiles para continuar con las investigaciones sobre las razones por las cuales se han paralizado la construcción 3 314 obras, entre las que se encuentran 14 hospitales a nivel nacional.

La decisión se adoptó por 100 votos a favor, 2 en contra 9 abstenciones, en la sesión plenaria de esta noche conducida por la presidenta Maricarmen Alva Prieto.

Fue el congresista Héctor Ventura Angel (FP), en su condición de presidente de dicho grupo de trabajo con facultades de comisión investigadora, el encargado de sustentar el informe preliminar respecto del encargo dado en virtud a la Moción de Orden del Día 448.

COMPRAS IRREGULARES

En otro momento, el Pleno de la Representación Nacional aprobó por 96 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones, el informe preliminar de la Comisión de Fiscalización y Contraloría por el que se otorga la ampliación del plazo hasta por 120 días hábiles para concluir con las investigaciones del caso de compras irregulares durante la pandemia de la COVID-19 en el país.

El informe fue sustentado por el congresista Héctor Ventura, presidente de ese grupo de trabajo, quien precisó que se trata de la indagación sobre los hechos relacionados o ligados, directa o indirectamente, a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020-SA hasta el 26 de julio del 2021.

Se continuará analizando la existencia o no de presuntas conductas culposas o dolosas ocasionadas por comportamientos irregulares, indebidos o negligentes por parte de altos funcionarios, autoridades y/o servidores públicos, personas naturales y/o jurídicas, incurridos presuntamente por el pésimo manejo de la emergencia sanitaria nacional que ocasionó la pérdida de miles de vidas humanas, dejando familiares desamparadas, personas con largas rehabilitaciones, afectándose peligrosamente a nuestra sociedad y causando, incluso, un serio perjuicio al Estado.

OFICINA DE COMUNICACIONES