El Pleno del Congreso rechazó, por mayoría (63 en contra, 30 a favor y 13 abstenciones), el proyecto de ley que proponía interpretar el último párrafo del artículo 132 de la Constitución Política del Perú, referido a la utilización del mecanismo de la cuestión de confianza.

Previamente, la propuesta fue sustentada por el congresista Luis Valdez Farías, presidente de la Comisión de la Constitución y Reglamento.

Aseveró que la iniciativa busca la aprobación de una ley de interpretación del último párrafo del artículo 132 de la Constitución Política del Perú, concerniente al uso de cuestión de confianza sobre una iniciativa ministerial en materias de competencia del Poder Ejecutivo; no encontrándose entre ellas las referidas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni de las que son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso.

Agregó, que el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia, recaída en el expediente 06-2018 y luego de haber recurrido al Diario de Debates del Congreso Constituyente de 1993, interpreta que el Congreso, como órgano con legitimidad para ello, delimita el alcance razonable de la atribución del presidente del Consejo de Ministros de hacer cuestión de confianza sobre la aprobación de una ley determinada, más cuando la denegación de la confianza puede ser causa de la disolución del Congreso.

Indicó que según la sentencia del TC, el Congreso en su actuar es quien habría permitido esa posibilidad de que el Poder Ejecutivo plantee la cuestión de confianza sobre una reforma constitucional.

“Entonces, si la práctica parlamentaria abrió dicha posibilidad, debe ser corregida por ser una práctica tomada por un Congreso que, bajo amenaza de ser disuelto, priorizó su frágil permanencia frente a la autonomía funcional y a la defensa de los principios democráticos que establece nuestra Constitución Política”, argumentó Valdez Farías.

En el debate, el congresista Carlos Almerí Veramendi (PP) consideró que la propuesta es importante, porque le da más contenido al artículo 132 de la Constitución e implica que haya una mayor interpretación.

“Todos sabemos que la Constitución no tiene un desarrollo exactamente procesal constitucional en cuanto a todos sus artículos y, en ese sentido, creo que la norma es buena”, indicó.

Por su parte, el parlamentario Enrique Fernández Chacón (FA) lamentó que esta “interpretación auténtica” sea una maniobra de algunos parlamentarios. Consideró que podría generarse problemas al futuro Gobierno.

“No tiene sentido hacerlo por esta vía, hay que someternos a lo que dice la norma y que se opte por el camino que tienen que optarse. Esto ya fue rechazado por el Pleno como una reforma constitucional y me parece poco serio tratar de hacerlo con una ley ordinaria”, sostuvo.

En la misma línea, el legislador Hans Troyes Delgado (AP) discrepó del planteamiento de la Comisión de Constitución y Reglamento, y consideró que la norma sería inconstitucional.

Agregó que no se puede interpretar de manera auténtica la Constitución, porque ya el TC hace dos años se pronunció en contra.

“Esta interpretación no ha tenido el análisis profundo para hacer esta modificación. Esperemos que pase a referéndum y se haga una discusión más a profundidad”, puntualizó.

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