Sin embargo, parlamentaria Rosangella Barbarán presentó una reconsideración a la votación
Pleno no aprueba acusación constitucional contra exministro Jorge Prado Palomino

Centro de Noticias del Congreso
04 Sep 2025 | 15:26 h

El Pleno del Congreso no aprobó el proyecto de resolución legislativa que proponía acusar a Jorge Luis Prado Palomino, exministro de Producción, como presunto instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, ilícito previsto en el artículo 399 del Código Penal, en agravio del Estado.
La propuesta obtuvo 31 votos a favor, 7 en contra y 23 abstenciones. Se requería la aprobación de la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso, es decir, 50 votos, recordó el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón Rojas, quien condujo la sesión.
En ese sentido, se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente y el expediente será remitido nuevamente al archivo.
Sin embargo, a las 13:48 horas, la parlamentaria Rosangella Barbarán Reyes (FP) presentó una reconsideración a la votación respectiva.
SUSTENTACIÓN
La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña Peralta (APP), estuvo a cargo de la sustentación del informe final de la Denuncia Constitucional 442, presentada por el entonces fiscal de la nación (i), Juan Carlos Villena Campana, el 11 de abril de 2025.
Acuña Peralta detalló que el exministro Prado habría instigado la contratación de su sobrino Edwin Chávez Prado sin concurso público ni pluralidad de postores. Según el informe, la contratación se realizó a través de funcionarios de confianza del exministro, con términos de referencia elaborados a medida, lo que evidenciaría el vínculo familiar, la falta de transparencia en el proceso y la inclusión de una fotografía oficial del exministro como parte entregable del proveedor.
Por su parte, el abogado defensor del exministro, Douglas Wonder Rojas Seguier, sostuvo que no existen pruebas directas de instigación ni de su intervención en la contratación cuestionada. Argumentó que el procedimiento fue gestionado por las áreas competentes del ministerio en cumplimiento estricto de la normativa vigente.
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