Con 103 votos a favor, en forma unánime, el Pleno del Congreso decidió insistir en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, que plantea la Ley General del Patrimonio Paleontológico del Perú.
La propuesta fue sustentada por el presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Alcides Rayme Marín (Frepap), quien señaló que las referidas observaciones no se ajustan a la realidad y que el Estado no invertirá más dinero del que ya ha invertido.

La aprobación de la autógrafa no requirió de debate ni de una segunda votación para quedar lista para su promulgación por el Congreso de la República.

Rayme Marín señaló que el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ya tiene en su haber la custodia de las más grandes colecciones de invertebrados fósiles y microfósiles en todo el territorio nacional, cada uno con su coordenada geográfica, formalizada y validada en una base de datos paleontológica.

“En ese sentido, no se incrementará el gasto público en las funciones encomendadas, porque el Ingemmet ya tiene la logística para cumplir con el trabajo que le corresponde”, anotó.

Además, Rayme Marin sostuvo que la norma busca darle el marco jurídico que legitima el trabajo del sector, sin la intervención de otra entidad que no tenga la especialidad en la materia y almacene equivocadamente los restos fósiles de relevancia científica, tal como es el caso del Ministerio de Cultura.

El parlamentario refirió que la autógrafa de ley recibió el aval, las felicitaciones y las recomendaciones de insistir sobre la misma, por parte de distintas y numerosas personalidades y organizaciones como la Asociación de Paleontología del Perú y el Museo de Historia Natural de la decana Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes consideraron que las observaciones carecen de sustento técnico, científico e inexactas.

El dictamen, aprobado en forma unánime en el grupo de trabajo el pasado 15 de abril, recoge las iniciativas de Rayme Marín y del congresista del periodo pasado Moisés Guía Pianto de la bancada de PPK.

OBSERVACIONES

Por su lado, el Poder Ejecutivo señaló, entre sus observaciones, que la aprobación de la norma generaría gasto al Estado y que, además, se contravendría la seguridad jurídica de los inversionistas, ya que se crearía un marco legal que no fue considerado cuando inició sus operaciones.

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