Con 89 votos a favor y 9 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó, por insistencia, la autógrafa observada por el presidente de la República, que propone declarar de utilidad y necesidad pública la habilitación urbana y el saneamiento físico-legal de los predios correspondientes a las asociaciones o programas de vivienda del antiguo fundo Oquendo, distrito de Callao, provincia constitucional del Callao, que carecen o están pendientes de licencia o saneamiento, con el objeto de viabilizar su regulación jurídica, garantizando la calidad de vida y la seguridad jurídica pública y privada.

Asimismo, indica que las entidades de la administración pública, el Gobierno nacional, el Gobierno Regional del Callao y los gobiernos locales que correspondan disponen las acciones que resulten convenientes para viabilizar y ejecutar las habilitaciones urbanas y el saneamiento físico-legal de los predios de las asociaciones o programas de vivienda del antiguo fundo Oquendo, en el distrito de Callao, de la provincia constitucional del Callao.

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (Opmi) de cada sector, el Gobierno Regional del Callao o los gobiernos locales, según corresponda dentro de la elaboración y actualización de la cartera de inversiones de su Programa Multianual de Inversiones (PMI), dispone las acciones necesarias a fin de consolidar, ejecutar y hacer efectivos los proyectos de habilitaciones urbanas y el saneamiento físico-legal de los predios de las asociaciones o programas de vivienda del ex fundo Oquendo, en el distrito de Callao, de la provincia constitucional del Callao.

Los gastos que irrogue lo dispuesto por esta ley se financian con cargo a los respectivos presupuestos institucionales de cada entidad pública, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. En su disposición complementaria derogatoria única, señala derogar o dejar sin efecto, según corresponda, las normas legales que se opongan a la presente ley.

El presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, Juan Oyola Rodríguez (AP), aseveró que la ley por sí misma no genera gasto al Estado por tratarse de una ley declarativa, lo que sí debería ocasionar es que se ponga en agenda pública la materia que se legisla y en consecuencia se priorice su ejecución. «A partir de allí deben iniciarse gestiones administrativas y posteriormente asignaciones presupuestales, que no demanden recursos adicionales al tesoro público», expresó.

Indicó que con la aprobación de esta ley se espera otorgar el acceso a la vivienda digna a los pobladores que necesitan regularizar su situación legal y poder obtener la habilitación urbana y el saneamiento físico-legal de los predios, lo cual les permitirá contar con vías de acceso, pistas, veredas, proyectos públicos y privados, entre otros.

«Todo ello contribuirá a mejorar las condiciones de vida de estas familias y en consecuencia les proporcionará mejores condiciones para que las nuevas generaciones puedan desarrollar un plan de vida, y generar un círculo virtuoso en esa población», señaló Oyola.

Lima, 9 DE JUNIO DE 2021

PRENSA-CONGRESO