Con 54 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 13193 y 13349, que propone modificar la Ley 32424, que establece la homologación del incentivo único-CAFAE para los servidores administrativos del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público en los gobiernos regionales.

Se modifica la mención de la disposición complementaria final única de la Ley 32424, Ley que establece la homologación del Incentivo Único-CAFAE para los servidores administrativos del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,

La norma dispone que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprueba el reglamento de la presente ley en un plazo no mayor de 60 días calendario contados a partir de su publicación.

Además, establece los procedimientos necesarios para su implementación, incluido el mecanismo de salvaguarda del principio de no reducción y la actualización del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, la norma exceptúa a los gobiernos regionales de la prohibición establecida en el artículo 6 y en el párrafo 9.1 del artículo 9 de la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, a fin de financiar la homologación del Incentivo Único -CAFAE.

Al respecto, el legislador Alejandro Soto Reyes, de la bancada de Alianza Para el Progreso y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, dijo que la propuesta permitirá que los pliegos regionales realicen las modificaciones necesarias en la partida de gastos de personal al quedar exceptuados de las restricciones generales de la Ley de Presupuesto 2025.

“Esto implica que los gobiernos regionales podrán reorientar recursos dentro de su presupuesto aprobado, sin necesidad de solicitar créditos adicionales al Tesoro Público, lo que fortalece su autonomía de gestión y evita la paralización de la homologación”, explicó.

Por su parte, su colega de bancada Eduardo Salhuana Cavides señaló que su iniciativa es la aplicación de un derecho previamente reconocido por el Congreso. “El financiamiento provendrá de los recursos ordinarios asignados a cada pliego regional, lo que asegura que la medida se mantenga dentro de los márgenes de sostenibilidad fiscal establecidos por el Sistema Nacional de Presupuesto”, indicó.

Durante el debate, los parlamentarios de las diferentes bancadas sentaron su posición de votar a favor del dictamen, por ser de justicia laboral para los trabajadores. La propuesta será materia de segunda votación transcurridos los 7 días calendarios.

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