Al no alcanzar los 66 votos reglamentarios, el Pleno del Congreso desestimó la Resolución Legislativa 10977/2024-CR que planteaba la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por infringir el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, al haber cerrado el Congreso de la República el 30 de setiembre del 2019.

Obtuvo 61 votos a favor, 12 votos en contra y 8 abstenciones.

De acuerdo con el titular de la representación nacional, Eduardo Salhuana Cavides, se expedirá la resolución legislativa correspondiente y se remitirá al archivo el expediente.

Seguidamente, se desestimó la Resolución Legislativa 10975/2024-CR que inhabilita por cinco años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, por infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Perú. Obtuvo 64 votos a favor, 12 votos en contra y 5 abstenciones.

Estas resoluciones fueron el corolario de las Denuncias Constitucionales 384, 400 y 466, presentadas, respectivamente, por los congresistas Alejandro Muñante Barrios (RP), Patricia Chirinos Venegas (RP), y los ex congresistas Segundo Tapia Bernal y otros.

Caducidad

Por otro lado, mediante una cuestión de orden planteada por Roberto Sánchez Palomino (JP-VP), se declaró la caducidad en el extremo referido al exministro Salvador del Solar, debido a que el artículo 99 de la Constitución establece que solo se le puede acusar “por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”.

Obtuvo 54 votos a favor, 42 votos en contra y 7 abstenciones.

HECHOS

La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y miembro de la Comisión Acusadora, María Acuña Peralta (APP), fue quien sustentó el informe final correspondientes a las Denuncias Constitucionales 384, 400 y 466, acumuladas.

En dicho informe final, se concluye que Martín Vizcarra Cornejo, en su condición de exjefe de Estado, es acreedor de esta inhabilitación “por su conducta, comportamiento y hechos objetos de la denuncia por presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Política por el cierre del Congreso de la República”.

Además, “la suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente, el presidente Martín Vizcarra, no podían interpretar que, al haber elegido un magistrado, se había denegado la confianza”.

En el caso del exministro Vicente Zeballos Salinas “por su conducta, comportamiento y hechos objetos de la denuncia por presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, al haber refrendado el Decreto Supremo 165-2019-PCM, faltando a la verdad por cuanto en sus considerandos la citada norma precisa cuestión de confianza por no suspender el proceso de elección de los magistrados del tribunal constitucional, hecho que no fue aprobada en Consejo de Ministros”.

Por su parte, el congresista delegado Héctor Ventura Ángel (FP) se encargó de exponer los argumentos del informe final, y señaló que el Congreso de la República debe, hoy, “sentar un precedente histórico en defensa de la democracia”.

Como medio probatorio, afirmó que en las actas del Consejo de Ministros de los días 27 y 29 de setiembre del 2019, “no aparece como punto de agenda la sustentación del procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional”.

DEFENSA

La Mesa Directiva del Parlamento, dirigida por el presidente Eduardo Salhuana Cavides, consideró injustificada la ausencia del expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, a quien se le notificó oportunamente la citación, y decidió continuar con el proceso.

Quienes sí se hicieron presentes fueron el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, y su abogado, Alejandro Salas Zegarra; y el expresidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar Labarthe, acompañado por su abogado, Luciano López Flores.

Salas Zegarra advirtió que durante la sustentación de las denuncia se había repetido muchas veces la palabra cierre, cuando lo aplicado por el presidente Vizcarra fue el artículo 134 de la Constitución que habla de disolución del Congreso.

Vizcarra Cornejo sostuvo que se hacía presente “para enfrentar un nueva persecución política”.

Desde que asumió el liderazgo del país, continuó, “he sido objeto de ataques sistemáticos: me vacaron ilegalmente, me inhabilitaron arbitrariamente, me acusaron sin pruebas, me difamaron sin descanso. La razón: porque no me sometí, porque defendí al pueblo frente a los intereses que han secuestrado parte de nuestras instituciones”.

Del Solar Labarthe, a su turno, dijo que su presencia se debía a “un juicio político que nunca debió iniciarse, por una sencilla razón, y es que este asunto tuvo ya un proceso, y tuvo ya una sentencia que zanjó el tema”.

Respecto de la presentación de una cuestión de confianza y la posterior disolución del Parlamento el 30 de setiembre del 2019, dijo que el propio Parlamento “planteó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, y este se pronunció en una sentencia del 14 de enero del 2020, donde declaró, sin lugar a dudas, que tanto la cuestión de confianza como la disolución del Congreso, se ajustaron la Constitución”.

DEBATE

Participaron en el debate Alejandro Muñante Barrios (RP), Héctor Ventura Ángel (FP), Alejandro Cavero Alva (AvP), Roberto Kamiche Morante (APP), Luis Aragón Carreño (AP), Adriana Tudela Gutiérrez (AvP), Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), Maricarmen Alva Prieto (NoA).

También, Edwin Martínez Talavera (NoA), José Cueto Aservi (HyD), Cheryl Trigozo Reátegui (RP) Víctor Flores Ruiz (FP), Fernando Rospigliosi Capurro (FP), Alex Paredes Gonzales (BMCN) y Roberto Chiabra León (APP)

Todo ellos rechazaron que exista una persecución política contra los denunciados y, más bien, lo que se busca es respetar los procedimientos constitucionales establecidos en la Carta Magna para que no se vuelvan a repetir esos hechos.

Además, Alex Flores Ramírez (BS) y Ruth Luque Ibarra (BDP), que defendieron la tesis de que estas denuncias carecen de fundamento.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL