La presidenta del Parlamento, Maricarmen Alva Prieto, suspendió esta noche la votación de la ley de Presupuesto Público para el 2022, para realizarla mañana jueves a partir de las 10 de la mañana.

Ello fue luego que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Héctor Acuña, pidió el uso de la palabra -al final del debate multipartidario- para solicitar un cuarto intermedio de tres horas con la finalidad de estudiar cada una de las propuestas de modificación a la futura ley presupuestal que fueron alcanzadas por sus colegas parlamentarios, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Finalmente, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, dispuso la suspensión de la sesión plenaria -a las 9.17 de la noche- para reanudarla mañana jueves a partir de las 10 de la mañana.

En la sesión de mañana jueves corresponderá al presidente de la Comisión de Presupuesto, Héctor Acuña exponer ante la Representación Nacional si acepta o no las propuestas de modificaciones (artículos y disposiciones transitorias y finales) a la ley anual presupuestal.

Luego intervendría la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien deberá manifestar, en representación del Poder Ejecutivo, su aceptación o disconformidad con el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2022. Luego de dicha intervención, se procede a votar ese proyecto que asciende a 197 mil 002 millones 269 mil 014 soles. También deberá votarse la propuesta de la ley de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el siguiente año fiscal.

DEBATE Y PROPUESTAS

Antes de la suspensión de la sesión, los congresistas de las distintas bancadas que intervinieron en el debate parlamentario propusieron modificaciones presupuestales con el objetivo de atender requerimientos de obras públicas en las diferentes circunscripciones del país hasta reestructurar escalas remunerativas de trabajadores de distintas entidades estatales.

El congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (FP) llamó la atención que, hoy en día, más de 30 hospitales se han dejado de construir en el país, por lo que reclamó que sea el Poder Ejecutivo el que asuma el desarrollo de cada uno de estos proyectos.

El parlamentario Edgard Raymundo Mercado (JP) saludó que se haya incorporado un partida de 60 millones de soles para que los gobiernos regionales atiendan la salud mental en sus respectivas circunscripciones.

La legisladora Gladys Echaíz De Núñez Izaga (APP) expuso que el Ministerio Público y el Poder Judicial requieren de recursos para enfrentar la delincuencia con eficacia. Por ello propuso una disposición complementaria en la futura la ley de presupuesto para que la Junta Nacional de Justicia cumpla con sus funciones.

Por su parte, el congresista Miguel Ciccia Vásquez (RP) reclamó que además de más profesionales de la salud, se requieren buenos caminos y accesibilidad a los programas sociales como parte de la estrategia nacional para la reactivación de la economía.

El legislador Alfredo Azurín Loayza (SP) solicitó que se incluya una disposición complementaria final en la futura ley presupuestal para atender a los oficiales de servicio y médicos civiles de la Policía Nacional del Perú.

La legisladora María Agüero Gutiérrez (PL) también propuso modificar el dictamen del proyecto de ley presupuestal para incorporar plazas en Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), así como mejorar la escala remunerativa de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

El congresista Edward Málaga-Trillo (NA) se lamentó que la futura ley presupuestal le da la espalda a la ciencia y, la prueba está en la reducción del pliego de egresos del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec).

El parlamentario Enrique Wong Pujada (PP) se refirió al déficit de la infraestructura agrícola «que provoca que el 70 % de agua dulce en el país se pierda. Es importante que el Ministerio de Desarrollo Agrario cuente con los recursos necesarios para dotar de infraestructura agrícola «y hacer realidad la segunda reforma agraria».

La legisladora Marleny Portero López (AP) solicitó, en nombre de más de tres millones personas con discapacidad, cambiar el término “autorizar” por “obligar”, en la vigésima Novena Disposición Complementaria Final del proyecto de ley de presupuesto público para el 2022, con la finalidad que gobiernos regionales y locales utilicen el 1% de su presupuesto en la atención de este sector.

OFICINA DE COMUNICACIONES