El Pleno del Congreso no aprobó el proyecto de resolución legislativa que proponía la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública del exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López. Por lo tanto, pasó al archivo.

La propuesta obtuvo solo 38 votos a favor, 10 en contra y 20 abstenciones. Se requería la aprobación de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso, sin la participación de la Comisión Permanente, es decir, 66 votos, recordó el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien condujo la sesión.

Sin embargo, minutos después, las congresistas Norma Yarrow (RP) y Rosangella Barbarán (FP) presentaron sendas reconsideraciones a la votación efectuada, las cuales serán consultadas posteriormente por la representación nacional.

INFORME FINAL

El informe final de la Denuncia Constitucional 289, sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña Peralta (APP), planteaba la inhabilitación del exministro del Gobierno de Pedro Castillo, por la presunta infracción del artículo 39 de la Constitución Política del Perú al refrendar el Decreto de Urgencia 102-2021.

La parlamentaria señaló que durante todo el proceso se respetaron las garantías del debido proceso y los derechos del denunciado.

Asimismo, el congresista Víctor Flores Ruiz (FP), delegado de la Subcomisión Acusadora, expuso los argumentos de hecho y de derecho que respaldaban la acusación.

Entre los elementos de convicción presentados se encontraban los registros de ingreso del alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, José Medina Guerrero al Ministerio de Vivienda, la reunión sostenida entre funcionarios del sector y alcaldes beneficiados con un Decreto de Urgencia en agosto de 2021, así como la inusual celeridad en los trámites para la aprobación de dicho decreto, pese a un primer informe del Ministerio de Economía y Finanzas que declaraba la inviabilidad del proyecto.

Asimismo, el informe destacaba las contradicciones del denunciado al negar conocer al alcalde Medina Guerrero, pese a que la carpeta fiscal N.° 170-2022 recoge evidencia de su participación conjunta en eventos sociales, lo que demostraría un intento de ocultar dicha relación.

Durante el debate, la congresista Patricia Chirinos Venegas (RP), autora de la denuncia, sostuvo que esta no era un “capricho político”, sino un deber con el país ante lo que consideró una traición al mandato constitucional de servir a la nación. Agregó que investigaciones fiscales y judiciales dan cuenta de la existencia de una presunta organización criminal que habría capturado sectores del Estado.

En contraste, el congresista Edwin Martínez (No A) cuestionó la solidez de la acusación, calificándola como similar a los “procesos literarios o cuentos jurídicos” de la Fiscalía, y planteó que la responsabilidad debería ser compartida, dado que el decreto de urgencia fue refrendado también por otros ministros.

DERECHO DE DEFENSA

Por su parte, el abogado defensor de Geiner Alvarado, Humberto Abanto, enfatizó que no se puede responsabilizar únicamente a su patrocinado cuando el Ministerio de Economía y Finanzas, tras un informe inicial negativo, terminó aprobando el decreto, al igual que la Presidencia del Consejo de Ministros.

Alertó que aprobar la acusación sería precipitado, pues implicaría declarar la existencia de una organización criminal antes de que el Poder Judicial lo determine.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL