El Pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, la ley con la cual se autoriza, excepcionalmente y por única vez, en el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector Salud.

La iniciativa legislativa se sustenta en los proyectos de ley 2204 y 2328. Obtuvo 112 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Fue exonerada de segunda votación.

El titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, congresista Héctor Acuña Peralta (APP), manifestó que el 11 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo N.º 008-2020-SA, se declaró en emergencia sanitaria a nivel nacional a nuestro país, ante la presencia del Covid-19 y se dictaron medidas de prevención y control para evitar su propagación.

Enseguida, expuso minuciosamente las medidas sucesivas que el Poder Ejecutivo dictaminó para enfrentar esta emergencia y sostuvo que frente a esta situación el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales deben mantener las medidas necesarias para el estado de alerta y respuesta frente a la pandemia de la Covid-19.

“Ante ello”, dijo, “es necesario mantener la vigilancia, prevención y previsión ante un silencio epidemiológico transitorio que permita, como una acción estratégica, estar preparados en caso ocurra un explosivo rebote de la actividad epidémica, por lo que se requiere continuar con algunas medidas extraordinarias en materia de recursos humanos el sector Salud”.

El congresista César Revilla Villanueva (FP), autor de uno de los proyectos, manifestó que en el país solo existen 13,6 médicos por cada 10 000 habitantes, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda que cada país cuente con 23 médicos por diez mil habitantes.

“Este es un momento histórico para cerrar la brecha del escaso recurso humano en el sector Salud”, expresó.

Por su parte, la parlamentaria Edith Julón Irigoin (APP), autora del segundo proyecto, señaló que estos héroes anónimos que estuvieron en primera línea solicitan a la Representación Nacional no desampararlos.

Los congresistas Juan Carlos Mori Celis (AP) y Silvana Robles Araujo (PL) solicitaron durante sus intervenciones la acumulación de sus respectivos proyectos de ley: el 2371 y el 2439, respectivamente, por ser de igual materia; hecho que fue aceptado por el titular de la Comisión de Presupuesto.

Intervinieron en el debate los parlamentarios Alejandro Muñante (RP), Jessica Córdova Lobatón (AvP), Américo Gonza Castillo (PL), Víctor Flores Ruiz (FP), Cheryl Trigozo Reátegui (APP), Héctor Valer Pinto (PD), Segundo Quiroz Barbosa (BMCN), Sigrid Bazán Narro (CD-JP),

También los congresistas Ilich López Ureña (AP), Hilda Portero López (AP), Jorge Marticorena Mendoza (PB), Alejandro Cavero Alva (Avanza País), Hitler Saavedra Casternoque (SP), Guido Bellido Ugarte (PL) y Wilson Quispe Mamani (PL).

La ley aprobada contiene ocho artículos y una disposición complementaria final. Su finalidad es uniformizar las condiciones laborales como forma de garantizar el derecho al trabajo en igualdad de condiciones.

Su ámbito es el personas asistencial y administrativo con contrato CAS-COVID que labora en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos, gobiernos regionales, sanidades de las Fuerzas Armadas y sanidad de la Policía nacional del Perú y el seguro social de Salud.

Se establece una serie de requisitos y un plazo no mayor de treinta días calendario para que se concrete la medida.

OFICINA DE COMUNICACIONES