El Pleno del Congreso decidió el archivamiento del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que proponía acusar por la  presunta comisión de  los delitos de Organización criminal y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano, a los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo Carbajo, Darwin Espinoza Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi y Elvis Vergara Mendoza.

Previamente el Pleno estableció que se requerían 52 votos para la aprobación de los proyectos de Resolución Legislativa.

En el caso del legislador Raúl Doroteo Carbajo (AP) la acusación consiguió únicamente 37 votos a favor, 44 en contra y cuatro abstenciones, respecto a Darwin Espinoza Vargas (AP) 37 congresistas votaron a favor, 43 en contra y cinco en abstención.

En el mismo sentido, el artículo referente a Jorge Luis Flores Ancachi (AP) obtuvo 38 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones. Asimismo, la votación de la acusación contra  Elvis Vergara Mendoza (AP) fue de 39 a favor, 42 en contra y cinco abstenciones

Durante el debate, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (APP) solicitó que la naturaleza de la sesión cambie a secreta, con el objetivo compartir con la representación nacional el contenido de la carpeta fiscal que había recibido luego de la elaboración del informe.

Al retomar la sesión pública, Camones Soriano presentó una cuestión previa para que el informe presentado retorne a la Comisión Permanente, para que sea analizado en forma conjunta con la carpeta fiscal entregada por el Ministerio Pública, sin embargo, esta fue desechada por 57 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones.

Antes de la votación final, el pleno del congreso aprobó una cuestión previa para habilitar a las congresistas María del Carmen Alva (AP) y Karol Paredes (AP) para ejercer su derecho al voto, pese a pertenecer a la Comisión Permanente; debido a que fueron incluidas en este grupo de trabajo de forma inconsulta, sin emitir un voto sobre la materia.

Sobre este último punto, se presentó una reconsideración a la votación, que no alcanzó los votos requeridos para anularla, ya que solo 62 legisladores votaron a favor, 51 en contra y uno en abstención.

Al respeto, el legislador José Balcázar Zelada (PB) solicitó que se respete el ordenamiento jurídico y el reglamento del Congreso de la República. Asimismo, Luis Aragón Carreño (AP) afirmó que debe  tomarse en cuenta las sentencias del Tribunal Constitucional, las que son vinculantes, en referencia a los congresistas aptos para votar.

Por su parte, la congresista Rosangella Barbarán Reyes (FP) señaló que los legisladores acusados habrían sostenido reuniones con las autoridades del Poder Ejecutivo para obtener réditos personales, lo cual debía ser sancionado con la suspensión de sus funciones.

Asimismo, Kelly Portalatino Avalos (PL) afirmó que aprobar el informe generaría un antecedente nefasto, lo cual fue secundado por su colega de bancada Margot Palacios (PL) dado que muchos legisladores acuden a oficinas ministeriales en representación de la población.

OFICINA DE COMUNICACIONES