Quedó listo para ser promulgado por el Poder Ejecutivo el dictamen del proyecto que modifica la Ley 28515, que promueve la transparencia de la información del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que fue aprobado, por unanimidad, por el Pleno del Congreso de la República, que preside el congresista Daniel Salaverry Villa. 

La propuesta obtuvo, en ambas votaciones, 87 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, con lo cual quedó expedito para su promulgación, tal como sostuvo el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Wuilian Monterola (FP).

La norma establece la obligatoriedad de que las compañías de seguros publiquen la relación de personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de vehículos automotores, que fallezcan como consecuencia de un accidente de tránsito, con la finalidad de que los beneficiarios ejerzan oportunamente su derecho a la indemnización correspondiente de acuerdo con la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

Establece, asimismo, que transcurridos 15 días sin que se haya hecho valer el derecho a la indemnización, y siempre y cuando se conozca la dirección domiciliaria de los beneficiarios o la dirección de la persona fallecida, las aseguradoras deben comunicarles por escrito y oportunamente que pueden ejercer su derecho a la indemnización correspondiente.

Indica que si no se conoce el domicilio de los beneficiarios del SOAT, la aseguradora realiza la comunicación pertinente a través de un diario de cobertura nacional y de una emisora radial de cobertura nacional y otro local. Estas publicaciones se efectúan por dos meses consecutivos cada 30 días.

En las zonas donde predomine el idioma quechua, aimara u otra lengua aborigen, la comunicación referida a la indemnización que corresponda se realizará en el respectivo idioma. En estos casos, la prescripción empieza correr vencido el plazo de publicación señalado.

EN EMERGENCIAS

Igualmente, señala que en las áreas de emergencia de los establecimientos de salud de ámbito nacional, debe proporcionarse de manera clara y en medio adecuado, información que ilustre a la persona lesionada o los parientes de la persona fallecida a consecuencia de un accidente de tránsito por vehículo no identificado o que se haya dado a la fuga, que tienen derecho a ser cubiertos o resarcidos por el Fondo de Compensación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

 La publicidad informativa en estos establecimientos hará constar los beneficios que otorgan el fondo, los requisitos y la dependencia ante la cual se puede ejercitar el derecho. Los establecimientos de salud que brinden asistencia o personas comprendidas en los supuestos previstos en el anterior párrafo, deberán comunicarles por escrito del derecho señalado.

BENEFICIOS SOCIALES IRRENUNCIABLES

De otro lado, el Pleno del Congreso dejó en cuarto intermedio, por el lapso de una semana, la aprobación del dictamen del proyecto de ley que modifica la Ley Universitaria, a fin de incorporar derechos y beneficios para los docentes universitarios.

La postergación se decidió después de un arduo debate en el cual parlamentarios de las diferentes bancadas apoyaron la propuesta por ser justa y reivindicativa de los beneficios sociales de los maestros universitarios y de todo trabajador del sector público.

La presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Milagros Salazar de la Torre (FP), manifestó su respaldo a todos los docentes universitarios, maestros y empleados públicos en su lucha por reincorporación de sus derechos y beneficios sociales.

Dijo que todos los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a sus beneficios sociales, por eso, manifestó, que le llamaba la atención la posición del oficialismo que se opone al restablecimiento de los beneficios sociales, a través de la congresista Mercedes Aráoz (PPK) quien argumentó que los congresistas no tenían iniciativa de gasto, que iba a significar el incremento de 120 millones de soles en el Presupuesto General de la República y recomendó que debería tratarse con el Ejecutivo para encontrar una salida.

EJECUTIVO DEBE CUMPLIR

Salazar manifestó que se pidió la opinión del Ministerio de Educación y del SUNEDU, instituciones que se han pronunciado a favor del proyecto; sin embargo, el MEF ni siquiera ha tenido la gentileza de responder a la solicitud presentada en forma reiterada.

Pero, anotó, hay que darle el beneficio de la duda al MEF y esperamos una semana para saber qué trae la congresista Mercedes Aráoz como resultado de las coordinaciones que realice, tal como se ha comprometido.

Apoyaron el proyecto los congresistas Paloma Noceda (FP), Lucio Ávila (NA), Clayton Galván (NA), Juan Sheput (PPK), Yonhy Lescano (AP), Marco Arana, Justiniano Apaza (FA), Edgar Ochoa, Alberto Quintanilla y Manuel Dammert (NP).

PRENSA-CONGRESO-30-10-18