Tras cumplirse el plazo del cuarto intermedio, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que propone establecer los derechos específicos del usuario y regular la resolución contractual de los servicios públicos de telecomunicaciones.

El dictamen contó con el respaldo de 101 congresistas, un voto en contra y ninguna abstención. Seguidamente fue exonerado de segunda votación.

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Johan Flores Villegas (PP), presentó el texto sustitutorio de la norma que tiene por objeto establecer el derecho específico de los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones e impedir que se atente contra el equilibrio contractual en las reacciones de consumo.

Indicó que son derechos específicos del usuario de los servicios públicos de telefonía, cable e internet, además de los derechos que establece la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, adoptar funciones libres para contratar servicios públicos de telefonía, cable e internet en atención al principio de soberanía al consumidor, así como escoger libremente los servicios de acuerdo con su necesidad o deseo.

Precisó que el dictamen también se ocupa de la prevención contra métodos comerciales coercitivos que están en estos contratos y para ello se establece que la empresa proveedora de servicio público de telefonía, cable o internet no deben realizar cobro adicional por servicios que no han sido pactados ni autorizados sin el libre consentimiento del usuario.

Por su parte, Flores Villegas señaló que el dictamen establece que el usuario de servicio público pueda desvincularse contractualmente de manera ágil a través de otros medios distintos a la denominados centros de atención telefónica, toda vez que bastará para ello la presentación de comunicación escrita o electrónica virtual, en la cual se valida la identidad del solicitante.

Para estar acorde con las nuevas herramientas de la virtualidad estaría permitida la resolución contractual por medio de aplicativos, plataforma web, vía WhatsApp, correo electrónico o cualquier otro medio virtual.

“Indecopi y Osiptel serán competentes para ejercer las sanciones que correspondan conforme a sus atribuciones”, manifestó el titular de la Comisión de Defensa del Consumidor.

En tanto, el parlamentario Carlos Mesía Ramírez (FP), autor del proyecto de ley, sugirió que para que se pueda mantener el espíritu de la norma es importante que quede prohibido la desvinculación contractual, sobre todo la desvinculación de los contratos que se tenga que hacer por el servicio de los centros de atención telefónica. Ello con la finalidad de que las grandes empresas monopólicas le saquen la vuelta a la ley.

“Es un proyecto importante que pretende hacer justicia a los ciudadanos en el marco de su condición de usuario de los servicios de cable, internet y telefonía fija. Todos sufrimos del problema y la dictadura de los centros de atención telefónica. Hoy en día incluso hasta nos atiende un robot, ya que el servicio no es personalizado”, indicó.

Sostuvo que estos centros de llamadas no hacen más que hacer perder el tiempo, pues impiden en la medida de lo
posible que el cliente se pueda desvincular o dar por terminado el contrato, porque hay la exigencia vender en las empresas.

Por su parte, el legislador Alexander Lozano Inostroza (UPP) precisó que el proyecto tiene por finalidad la protección al consumidor o usuario con relación a los servicios prestados por las empresas operadoras de servicios públicos de telefonía, cable e internet, sujetas a regulaciones específicas del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Finalmente, el congresista César Combina Salvatierra (APP) respaldó la propuesta, pues consideró que sí existe abuso a los consumidores, porque no se les da la libertad para escoger una oferta de mercado, donde el consumidor final pueda elegir de la mejor forma para su familia y economía.

OFICINA DE COMUNICACIONES