En una clara muestra de consenso y compromiso con la justicia laboral, el Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad con 101 votos a favor el dictamen que plantea homologar el Incentivo Único CAFAE para los servidores administrativos del régimen del Decreto Legislativo 276 en los gobiernos regionales, incluyendo la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus unidades ejecutoras.

El dictamen recaído en los proyectos de ley 8802/2024-CR, 11209/2024-CR, 8188/2024-CR y otros, establece una escala única y de aplicación obligatoria, tomando como referencia el monto más alto por nivel remunerativo (auxiliar, técnico, profesional o funcionario) registrado a nivel nacional.

Durante la sustentación, la congresista Lady Camones Soriano (APP), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, señaló que esta disparidad salarial “vulnera principios fundamentales de igualdad y equidad, desmotiva al personal y afecta directamente a miles de familias peruanas”.

La parlamentaria recalcó que la medida no implica gasto adicional para el Tesoro Público, ya que se financiará con recursos propios de los gobiernos regionales.

A su turno, la congresista Cheryl Trigozo destacó que esta norma responde a una demanda histórica y representa un acto de justicia para trabajadores como los más de 2,000 servidores de la región San Martín que llevan más de 20 años esperando equidad salarial.

Agregó que con esta ley, más de 120 mil trabajadores administrativos en todo el país serán beneficiados, corrigiendo una inequidad histórica que ha generado diferencias injustificadas entre servidores que, pese a cumplir funciones similares, percibían montos distintos según su ubicación geográfica o unidad ejecutora.

Otros parlamentarios, como Elvis Vergara, Alex Paredes Gonzales (BMCN), Waldemar Cerrón Rojas (PL), Diego Bazán Calderón (RP) y Francis Paredes Castro (PP), coincidieron en que la aprobación de esta ley es una medida de reconocimiento y dignificación del trabajo público, además de ser una respuesta concreta frente a la discriminación estructural en el Estado.

Según el texto sustitutorio aprobado se indica que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será responsable de implementar la escala homologada, velando por su sostenibilidad fiscal.

Además, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días calendario para reglamentar la norma.

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