El Pleno del Congreso aprobó, por 109 votos y 3 abstenciones, la insistencia de la autógrafa de la Ley que propone facultar a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones el retiro de sus fondos.

La propuesta, que fuera observada por el Poder Ejecutivo, faculta a los afiliados al sistema privado de pensiones a retirar hasta S/ 17 600 de sus cuentas individuales del aportante a la AFP con el propósito de brindar apoyo económico ante la crisis por la pandemia de COVID-19.

En cumplimiento del artículo 108 de la Constitución, la autógrafa será promulgada por la presidenta a. i. del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, al ser aprobada con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

Previamente, el dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera fue sustentado por el congresista Anthony Novoa Cruzado (AP), presidente de ese grupo de trabajo, quien manifestó desestimar algunas observaciones y allanarse a otras del Poder Ejecutivo por tratarse de una norma “que hará justicia a los más de cinco mil aportantes activos y no activos que vienen luchando por salir delante de la crisis económica y sanitaria por la COVID-19 que atraviesa nuestro país”.

Novoa Cruzado señaló que la ley no debería ser solo en beneficio de los que han perdido el empleo y han dejado de aportar, por el contrario, debe ser facultativo y en beneficio para todos los afiliados de las AFP, ya que la consecuencia de la pandemia de la COVID-19 ha afectado a todos los bolsillos de manera directa e indirecta.

Ello en razón que desde el Poder Ejecutivo se solicitó se considere el número de beneficiados con esta ley, pues considera que los trabajadores activos al estar trabajando tienen un ingreso mensual que les permita afrontar la crisis.

En su única disposición complementaria final, la propuesta establece que “la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones determina el procedimiento operativo para el cumplimiento de la presente norma, en un plazo no mayor a quince (15) días calendario de publicada la Ley, bajo responsabilidad de su titular”.

Novoa informó que se retiró de la propuesta original la primera disposición complementaria final que autorizaba el retiro excepcional facultativo de hasta el 100 % de sus fondos de su cuenta individual de capitalización (CIC) para los afiliados mayores de cuarenta (40) años que no registren aportes acreditados en los últimos cinco (5) años a la entrada en vigencia de la presente ley.

DEBATE

Parlamentarios de diversas bancadas coincidieron en que la propuesta se trata de un retiro excepcional que busca brindar un apoyo económico a los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ante la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.

A su turno, el congresista José Luna Morales (PP) planteó que se incorpore al texto que personas mayores de 40 años que no hayan aportado en los últimos cinco (5) años a un sistema privado de pensiones podrán retirar 100 % de sus fondos.

Por su parte, el legislador Moisés Gonzáles Cruz (NC) pidió que la propuesta sea en beneficio de los aportantes y no aportantes, porque la necesidad es extrema y más aún en familias de zonas rurales. “En el entorno de un aportante hay una familia y hemos visto cómo han ido vendiendo su casa, su terreno para poder superar la enfermedad de la COVID-19”, sostuvo.

El parlamentario Diethell Columbus (FP) cuestionó unas recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas por ser “pocas acertadas y ajenas a la empatía al ser humano”, al señalar que la norma es inconstitucional, porque afecta la intangibilidad de los fondos de pensiones.

“El ministro de Economía dice que es inconstitucional, porque los fondos son intangibles, sin embargo, en el propio documento que envía el Poder Ejecutivo está autorizando el uso de los fondos de pensiones de las AFP, estamos con un doble discurso”, indicó.

Mientras que los congresistas Javier Mendoza Marquina y Yessica Apaza Quispe (UPP) manifestaron que la propuesta beneficia a más de cinco millones de peruanos y que es una acción de suma necesidad ante la grave crisis económica que atraviesan miles de peruanos.

“Los recursos económicos son un salvavidas a la precaria situación que tienen los más necesitados. No podemos permitir que el Poder Ejecutivo siga de espaldas a la población”, refirió Apaza Quispe.

Por su parte, Jim Alí Mamani Barriga (NC), autor de uno de los proyectos de ley, señaló que la norma busca atender las necesidades económicas de familias que han sido afectados por el coronavirus.

“Las familias necesitan dinero para comprar medicina, ya que su precio es muy elevado, un balón de oxígeno supera los tres mil soles. Esta necesidad es la que busca atender esta ley”, subrayó.

Por su parte, el congresista César Combina Salvatierra (APP) aseveró que lo que se busca es reconocer al afiliado por su labor como centro del sistema, no al Estado ni a las empresas que han hecho daño a la familia peruana.
Precisó que, ante la amenaza de un estatismo, es urgente y necesario que el trabajador pueda tener su dinero en el bolsillo.

A su turno, el legislador Lenin Checco Chauca (FA) indicó que este Gobierno, al igual que los anteriores, viene jugando a favor de los intereses de las empresas en desmedro de los seis millones de aportantes que a través de la liberación de sus aportes verán una ayuda para salvar la vida de sus familiares.

Mientras que la tercera vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández Florez, indicó que el dinero de los fondos de las AFP corresponde únicamente al trabajador aportante, quien mes a mes ha destinado dinero para sus pensiones.

“La COVID-19 ha causado hasta la fecha 62 674 fallecidos y hay millones de afectados por este problema de salud. No podemos ser indiferentes, ahora es cuando más necesita de este fondo el trabajador, ya sea para comprar medicamentos o llevar a una clínica a su familiar. Este dinero es para aliviar el costo de los medicamentos, el oxígeno, entre otros”, puntualizó.

OFICINA DE COMUNICACIONES