El Pleno del Congreso de la República aprobó, por insistencia, con 90 votos a favor, el dictamen recaído en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, que modifica la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, con el propósito de ampliar la protección de los derechos y el cuidado de las personas con discapacidad, así como establecer medidas integrales para la prevención de discapacidades.

La sustentación estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, José Arriola Tueros (bancada Lealtad Nacional), quien destacó que la propuesta fortalece el principio constitucional de dignidad de la persona y la obligación del Estado de brindar una protección especial a las personas con discapacidad.

Durante su intervención, Arriola explicó que el dictamen amplía la protección estatal no solo a las personas con discapacidad, sino también, a quienes dependen de ellas, a sus cuidadores y familiares, así como a las organizaciones que promueven su prevención, desarrollo e integración.

Entre las principales modificaciones, la norma establece que el Estado promoverá y protegerá los derechos de las personas con discapacidad, extendiendo dicha protección, a las personas responsables de su cuidado. Asimismo, garantiza que la atención en salud y la rehabilitación integral se brinden dentro de la comunidad donde reside la persona, bajo un enfoque intercultural y mediante los servicios generales de salud, sin perjuicio de la existencia de servicios especializados.

De igual forma, incorpora medidas orientadas a prevenir la discapacidad mediante la promoción de la salud física y mental, el asesoramiento genético para prevenir enfermedades hereditarias y malformaciones congénitas, la atención oportuna del embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, la lucha contra el consumo de sustancias adictivas y el control de la contaminación ambiental.

Al concluir su exposición, el titular de la Comisión de Inclusión Social solicitó el respaldo de la representación nacional al dictamen de insistencia, señalando que la norma contribuye a garantizar una verdadera inclusión, bienestar social y una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad, en concordancia con los estándares constitucionales e internacionales de protección de sus derechos.

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