El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (105 votos) el dictamen recaído en las proposiciones legislativas 306-2026-2031-CD y 508-2026-2031-CD, que establece el reintegro tributario del impuesto general a las ventas (IGV) a favor de las editoriales de libros, por un plazo de tres años, contado desde la entrada en vigor de la ley.

La propuesta, evaluada por las comisiones de Educación, Cultura y Deporte y de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, tiene como finalidad evitar que el IGV se incorpore al costo de producción de libros y productos editoriales afines, así como favorecer las condiciones de producción y oferta editorial formal.

Durante la sustentación, el diputado Juan Castrejón Fernández (Partido del Buen Gobierno), presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, explicó que la medida busca evitar el incremento de los costos de producción editorial y fortalecer las condiciones de acceso de la población al libro y a la lectura.

Señaló que, al encontrarse la venta de libros exonerada del IGV, las editoriales no pueden utilizar como crédito fiscal el impuesto pagado por los insumos y servicios empleados en su producción. En ese sentido, destacó que el reintegro permitirá evitar que dicho impuesto se traslade al costo que finalmente asume el lector.

Por su parte, José Miguel Marcelo Salazar, presidente de la Comisión de Economía, precisó que el beneficio anterior venció el 17 de octubre de 2026 y que la propuesta cuenta con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Asimismo, aclaró que el texto comprende únicamente el reintegro del IGV y no contempla la ampliación de la exoneración del impuesto a la renta sobre las regalías.

ALCANCES DEL TEXTO SUSTITUTORIO

Según el texto sustitutorio, serán beneficiarias las editoriales de libros que cumplan los requisitos y las condiciones establecidos en el artículo 13 de la Ley 31893 y en las disposiciones reglamentarias y complementarias aplicables.

El beneficio comprenderá el IGV correspondiente a las adquisiciones e importaciones elegibles efectuadas durante los tres años de vigencia. No incluirá las operaciones realizadas entre el vencimiento del beneficio anterior y la entrada en vigor de la nueva ley, ni contemplará una prórroga o renovación automática.

Asimismo, el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Biblioteca Nacional del Perú, publicará cada 180 días calendario información sobre la utilización y los resultados del reintegro. Este seguimiento permitirá evaluar su cobertura, costo fiscal, evolución de la actividad editorial y otros indicadores vinculados con los objetivos de la norma.

La evaluación integral deberá realizarse y publicarse por lo menos un año antes del vencimiento del beneficio y remitirse a las comisiones competentes del Congreso dentro del mismo plazo.

El texto establece que la ley entrará en vigor el primer día calendario del mes siguiente al de su publicación en el diario oficial El Peruano. Su aplicación no estará condicionada a la expedición de nuevas disposiciones reglamentarias, pues se utilizarán las existentes en todo aquello que resulte compatible con la norma.

DEBATE PARLAMENTARIO

Por el Partido del Buen Gobierno, Georgina Duarte Patiño resaltó el valor del libro como vehículo de memoria, conocimiento y empatía. Sostuvo que es necesario acercar la lectura a las nuevas generaciones y superar las barreras económicas que dificultan su acceso. Por su parte, Luis Quispe Candia destacó la importancia de fomentar el interés por los libros desde las escuelas y fortalecer la formación intelectual e integral de niños y jóvenes.

Desde Renovación Popular, Leo De Paz Lancho señaló que este incentivo debe ir acompañado de acciones para formar lectores en los hogares, las aulas y las bibliotecas. Convocó a alcaldes y gobernadores regionales a promover bibliotecas municipales que amplíen el acceso a la lectura en la costa, sierra y selva. Asimismo, destacó la necesidad de contar con resultados verificables sobre el uso del beneficio.

Por Fuerza Popular, Milagros Takayama Jiménez expresó su respaldo al dictamen y subrayó la urgencia de recuperar el mecanismo que permite a las editoriales obtener la devolución del IGV pagado por determinados insumos y servicios. Recordó que la propuesta también fue impulsada por el Poder Ejecutivo y contempla un plazo limitado, sujeto a seguimiento y evaluación.

Su colega Ana Bertha Patiño Urco destacó el trabajo de escritores, ilustradores, correctores e impresores y pidió ampliar las oportunidades para las editoriales regionales. Señaló que, en 2025, las constancias de producción emitidas por la Biblioteca Nacional del Perú pasaron de 339 a 592, mientras que la participación de editoriales de fuera de Lima y Callao aumentó del 6,5 % al 9,8 %.

Desde Juntos por el Perú, Ernesto Zunini Yerren explicó que el IGV pagado por conceptos como papel, tinta e impresión termina incorporándose al costo de producción cuando las editoriales no pueden recuperarlo. Durante el debate, propuso incorporar una exoneración de las regalías de autores y traductores hasta el 31 de diciembre de 2029, con un límite de diez unidades impositivas tributarias anuales por beneficiario. Sin embargo, este planteamiento no forma parte del texto sustitutorio aprobado.

Finalmente, José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nación) sostuvo que el estímulo a la producción editorial debe complementarse con políticas que promuevan la lectura y la comprensión lectora. Propuso impulsar concursos nacionales y realizar un seguimiento de los avances de los escolares, especialmente en las regiones.

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