El acceso al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV-2 será libre y voluntario para la población en general en el país. De igual manera, para otras enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias nacionales y pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así se decidió en el Pleno del viernes 4 al aprobar el texto sustitutorio del dictamen -que contiene diez proyectos de ley-, con 92 votos a favor, 10 en contra y 10 abstenciones, después de debatirse ampliamente luego de superar un pedido de reconsideración de la votación del texto anterior, realizada el pasado 8 de octubre.

Una segunda consulta a la representación nacional para exonerarlo de la segunda votación, registró 88 votos a favor, 11 en contra y 16 abstenciones, con lo cual quedó expedito para ser enviado al presidente de la república a fin de que la promulgue.

Antes, el debate que tuvo lugar con la participación de legisladores de distintas bancadas, dio como consecuencia el nuevo texto sustitutorio, presentado por el presidente de la Comisión de Salud y Población, Omar Merino López (APP), en el que se eliminó el carácter obligatorio de la vacunación, respondiendo al pedido coincidente de todos los que hicieron uso de la palabra.

El congresista Posemoscrowte Chagua Payano (UPP), autor del pedido de la reconsideración de la primera votación del texto anterior, sostuvo, además, que la vacunación no debe ser condicionante para cualquier trámite sea de carácter legal, educativo, laboral, tanto en el sector privado como en el público.

La congresista Martha Chávez Cossío (NA) cuestionó que la iniciativa, en el texto original, planteaba la comercialización de la vacuna, cuando debería ser gratuita.

Los congresistas Jorge Pérez Florez (SP), Edwin Tito Ortega (FP) y Alfredo Benites Agurto (Frepap), entre otros, llamaron la atención sobre que la nueva vacuna se encuentra en estado experimental, Fase III, y que en esas condiciones no podía ser obligatoria.

Wilmer Cayllahua Barrientos (Frepap) consideró necesario que se informe a la población de los efectos colaterales que pudieran producirse y a los que estarían expuestos. “La población tiene el derecho a negarse que se le administre la vacuna, si considera que no es conveniente”, anotó.

En esa línea también se manifestó la congresista Tania Rodas Malca (APP), quien planteó que la vacunación debe ser voluntaria, facultativa, no condicionante e informada.

Por su lado, el congresista Orestes Sánchez Luis (PP) demandó que la vacuna contra el virus tenga la debida certificación y que esté en la fase IV, es decir, con estudios concluidos.

OTROS ASPECTOS

La propuesta plantea que se declare de utilidad, necesidad pública e interés nacional la adquisición y distribución de los medicamentos y vacunas respectivos, y que serán gratuitos y universales para los habitantes del país en los establecimientos públicos de salud.

Asimismo, en sus disposiciones complementarias modificatorias, propone que se otorgue el registro sanitario condicional por un año a los medicamentos y productos biológicos con estudios clínicos en Fase III con resultados preliminares.

Finalmente, se da un plazo de 15 días al Poder Ejecutivo para que reglamente la ley.

RECONSIDERACIÓN

Antes de que se dé lugar al debate, el congresista Chagua Payano (UPP) planteó una reconsideración de la primera votación que obtuvo una aprobación de 113 congresistas y cinco abstenciones el 8 de octubre pasado.

Puesto a consulta al Pleno solo respondieron a favor 43 legisladores, 65 en contra y 11 se abstuvieron, con lo cual la reconsideración quedó desaprobada.

El congresista señaló que el motivo de su propuesta fue evitar que sea obligatoria y tampoco condicional.

PRENSA-CONGRESO